LEGISLACIÓN VIGENTE

La motivación en lo judicial: Querube del Carmen Henríquez U.

El término motivación, en lo judicial, hace alusión a ese deber de quien administra justicia (ya sea penal, civil, administrativa, de familia) de consignar en la decisión que emita, el cómo y el porqué de esta; sea cual fuere y sin perjuicio de quiénes son las partes o la jerarquía de su cargo.

La motivación es el derecho del peticionante, del investigado, del procesado o de las partes en conflicto a que su pretensión o causa sea analizada y decidida al examen de las pruebas existentes y en aplicación del derecho vigente; y a que esa decisión le sea explicada en una resolución (llámese auto o sentencia), en la que se desarrolle su petición, el objeto de la causa, los hechos y pruebas que sustentan su pretensión o su vinculación (en caso de ser acusado de un delito) y si lo pedido o de lo que se le acusa se ajusta o no al derecho existente y vigente; todo ello, mediante una fundamentación legal inteligible y suficiente.

La motivación no solo es una obligación del investigador u operador judicial, sino también una garantía reconocida a los usuarios del sistema judicial, porque así lo contempla la legislación vigente. El Código Judicial, en su artículo 989, indica que las resoluciones de este tipo, además de consignar el juzgado o tribunal que se trate, las firmas del juez, magistrado y secretario judicial, deberán ser motivadas y expresar los fundamentos jurídicos pertinentes, con cita de las disposiciones legales aplicables al caso.

De manera más específica y a propósito de causas penales (juzgamiento de delitos), el nuevo código de procedimiento penal (Sistema Penal Acusatorio) consagra como uno de sus principios rectores el de la motivación (Art. 22), imponiendo tanto al que investiga (Ministerio Público) como al que juzga y decide (jueces y magistrados) el deber de motivar jurídicamente, de manera congruente, clara y precisa, sus decisiones judiciales, salvo las de mero trámite. Esta norma incluso aclara que la simple mención de las pruebas y la petición de las partes o de exposiciones genéricas no suplen la motivación jurídica.

Como auxiliares de la justicia hemos tenido la deliciosa oportunidad de leer “fallos magistrales” en cuyas líneas se palpa el delicado y esmerado esfuerzo intelectivo del operador judicial. Pero también, nuestros ojos han tropezado con resoluciones al mejor estilo copy-paste (copiar y pegar), en las que se limitan a mencionar qué proceso es, las partes, enumerar las pruebas y luego, “sin más ni más”, se avanza a la decisión, casi “porque sí o porque no”.

Motivar las decisiones judiciales requiere un esfuerzo cognoscitivo e intelectivo que bien vale la pena, porque además de la satisfacción del deber cumplido, que de seguro experimentará el investigador o el operador judicial, también el usuario del sistema encontrará satisfacción, pues aun cuando salga vencido en virtud de la decisión, comprenderá el cómo y el porqué de esta; y esa certeza de que su causa o pretensión fue analizada y motivada, también forma parte de las garantías procesales que deben regir en un estado de derecho.

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