MEMORIA HISTÓRICA

Los muertos de la dictadura: Jorge Gamboa Arosemena

Un país se proyecta hacia la eternidad por la forma como trata a los muertos que se producen en las luchas sociales y políticas. Hace poco dejaron de existir dos personajes de la historia patria: Alberto Quirós Guardia y Eric Arturo Delvalle, ambos fueron figuras relevantes en el vía crucis de la dictadura. Además, el pasado 3 de octubre se cumplió otro aniversario de la masacre de Albrook, y el presidente Juan Carlos Varela prometió hacer un monumento para recordar a los que fueron asesinados ese día. Ellos forman parte de los 110 muertos y desaparecidos de la dictadura de Torrijos–Paredes–Noriega.

Como sociedad, deberíamos hacerle un reconocimiento a todos los muertos que produjo la dictadura. No lo hizo el gobierno de Guillermo Endara ni el de Mireya Moscoso. Ahora, ¡enhorabuena!, el de Juan Carlos Varela promete recordar a una parte de esos muertos. Sin embargo, los masacrados de octubre de 1989 no fueron los únicos. Su memoria y la de Hugo Spadafora debe recordarse en un monumento como víctimas de la dictadura, no por separado.

Habría que hacer un censo de los muertos y desaparecidos durante la invasión estadounidense de 1989, ya que ellos también fueron víctimas de la dictadura, pues de no haber existido esta, los gringos no se hubiesen visto en la necesidad de sacar del poder a su empleado descarriado. Considero que en el caso de los muertos por la invasión (cuya cifra deben pasar de mil), sí se debe hacer un monumento separado. Es incorrecto que, como nación, ignoremos vilmente su memoria.

Ahora –antes de seguir me disculpo con los familiares del profesor Quirós y del señor Delvalle por usarlos de ejemplo–, paso a llamar la atención sobre algunos aspectos valorativos, políticos y morales manejados por el gobierno de turno. Aunque no fueron asesinados por la dictadura, Quirós y Delvalle fueron actores de esa etapa nefasta. Quirós, como un luchador vertical contra la satrapía, y Delvalle, como un aliado de esta. Quirós sufrió exilio, privación de libertad y hostigamiento durante los 21 años de la dictadura, mientras que Delvalle colaboró con ella de forma injustificable; se coludió con Nicolás Ardito Barletta para beneficiarse del fraude que se le hizo a Arnulfo Arias, en 1984; se prestó para anular lo que, a fuerza de presión social, obligó a Ardito a nombrar una comisión que investigara la decapitación de Spadafora, provocando que milicos y “civiloides” se cuadraran con Noriega para defenestrar a su agente Ardito.

Delvalle fue cómplice de la represión del Viernes Negro (10 de julio de 1987) y de todas las presiones contra la Cruzada Civilista Nacional, incluidas muertes, torturas, exilios y encarcelamientos. Mientras Quirós luchaba, Delvalle se cuadraba. Ahora, al morir estos dos actores de la etapa dictatorial, a Betito el gobierno panameñista lo ignora, pero a Delvalle lo pondera como un luchador por la democracia, usando como argumento que en febrero de 1988 emitió un “decreto” para destituir a Noriega, huyó hacia la Zona del Canal y luego se instaló en Washington, so pretexto de llevar un gobierno en el exilio. ¡Pamplinas!

Vale recordar otro caso real de reto a Noriega, que ayudó a la democracia, aunque motivado por ambiciones truncadas, pero que deja el claro arrojo de otro personaje de la dictadura, Roberto Díaz Herrera, quien en junio de 1987 denunció todos los crímenes de Noriega y se quedó en Panamá tratando de que cuajara una rebelión contra el dictador, hasta que fue sometido a la mano militar –en su casa–, tras varios días de agitación. Cuánta diferencia entre uno y otro. Dicho sea de paso, Delvalle era el parapeto presidencial de Noriega en esta escaramuza.

No entendemos que un ariete contra la democracia y contra el panameñismo sea ponderado como “defensor de la democracia” por un presidente panameñista, mientras que a un patriota consumado, como Quirós Guardia, este mismo gobierno ignore hacerle un homenaje o distinción. Ni siquiera emitió la clásica resolución de duelo, menos se hizo presente en su sepelio.

Cabe poner los puntos sobre las íes y concluir que los ocupantes de la silla presidencial, entre 1968 y 1989, fueron usurpadores del cargo de presidente y debemos considerarlos “muertos políticos”. La forma como una nación trata a sus difuntos deja en evidencia la catadura moral de sus gobernantes…

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