INDEPENDENCIA

Se necesita un contralor: Gil Moreno

Según la Constitución Política de la República de Panamá, son funciones del contralor general de la Nación –entre muchas otras– llevar las cuentas nacionales, incluso las referentes a las deudas internas y externas; fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, para que se realicen con corrección y de acuerdo a lo que establece la ley.

De todo esto se deduce que al contralor se le nombra en ese cargo no para complacer a determinadas personas, sino para que “controle” los gastos del Estado –como bien lo dice la palabra–, porque se trata de los dineros del pueblo que ese funcionario tiene el deber de administrar de forma correcta.

La Constitución agrega que el contralor y su suplente serán nombrados por el poder Legislativo, por un término de cinco años. Pero como se trata de un organismo político, casi siempre controlado por el Presidente de la República o el grupo gobernante, a estas alturas del siglo XXI es necesario que sea el país el que elija un contralor independiente, y que no tenga nexos con ninguna organización partidaria, tal como la Constitución lo establece en su artículo 275, cuando expresa: “Habrá un organismo independiente denominado Contraloría General de la Nación”.

Como es del conocimiento público, la actual contralora –que desde el inicio de sus funciones fue muy complaciente con el expresidente Ricardo Martinelli– no ejerció la función fiscalizadora de los fondos públicos y más bien se prestó al despilfarro escandaloso del patrimonio de la nación. Esto convirtiendo las arcas nacionales en una especie de botín para los altos funcionarios y allegados al régimen, que se beneficiaban de las prebendas, privilegios y toda clase de contratos.

De ahí que después de haberse comprobado su incapacidad en el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, es deber de las autoridades competentes separarla y someterla a un prolija investigación.

No obstante, dicho proceso estaría a cargo de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación, dos instituciones cuyo prestigio se encuentra por el suelo, y es casi seguro que no hagan nada.

Todo esto viene a cuento porque hay una facción del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que se ha mostrado muy tolerante con la contralora, hasta el punto de haber afirmado que se le debe tratar con cierta consideración y concederle vacaciones, para que la ciudadanía piense que no ha cometido ninguna falta, cuando sabemos que los delitos que ha cometido son de suma gravedad.

Es claro que si durante las pasadas elecciones el pueblo panameño, en un acto de justicia, echó a los mercaderes del templo, ahora no puede permitir que algunos miembros del PRD, controlado por personas que no gozan de ninguna confianza, quieran imponer a una figura política en la Contraloría. Si esto sucede, con seguridad, sería otro funcionario pelele, sin independencia y sin autonomía, que se prestaría a todo tipo maquinaciones.

No ganaríamos nada, si nos imponen un contralor manejado por una camarilla o por una Asamblea Nacional que no goza de ninguna confianza y que podría ser controlada hasta por el mismo Martinelli.

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