SEGURIDAD PÚBLICA

Se necesita especialistas en investigación criminal

El concepto de seguridad integral impuesto por el Ejecutivo saliente, es idea del mexicano Genaro García Luna, según la cual el policía que previene debe investigar y viceversa. Opino que es un concepto inadecuado para nuestra realidad social y cultural. Esta reestructuración o redefinición por compromiso, incluso, es peligrosa en nuestro caso.

Déjenme explicar por qué. Primero, la corrupción en casos como el secuestro del empresario Padrón o el de los jóvenes muertos en una embarcación, en los que participaron miembros de la Policía Nacional genera desconfianza en la comunidad, inclusive, en los particulares y entidades extranjeras.

Antes teníamos a la Policía Técnica Judicial (PTJ), cuyos miembros eran independientes y podíamos acudir a ellos. Ahora no se confía en los encargados de investigar; nadie quiere cooperar, especialmente, si la escena del delito es alterada y contaminada por ignorancia de los procedimientos o dañada a propósito. El efecto negativo es la falta de colaboración ciudadana.

Lo segundo, la mal aplicada disciplina. Sencillo, no se requiere disciplina para realizar la labor policial, para ello se requiere disposición, voluntad, respeto, honor, dignidad y manuales de procedimientos definidos acerca del desempeño y funciones de cada policía, en razón de su posición dentro de la organización. Los rangos y el escalafón no deben interpretarse negativamente. Ningún policía debe existir para obedecer a superiores jerárquicos, ni a políticos o a lemas como “Dios y Patria”, sino para cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley en beneficio de la comunidad. La disciplina es para los que no cumplan el compromiso, ya que al igual que al resto de la sociedad, la certeza de castigo recae en quienes violentan las reglas y no al contrario.

La reestructuración agrava el errado concepto de un sistema que privilegia como méritos policiales la simple antigüedad y rango sin tomar en cuenta el desarrollo profesional por los conocimientos adquiridos y aplicados de un policía preparado y garante de los derechos ciudadanos.

Cualquiera haya sido, fue mala la justificación para eliminar una organización como la PTJ (antiguo DENI) que rompió la mediocridad, superando la ignorancia, cambiándola por educación, preparación y conocimientos; fue incorrecto destruir la única institución de seguridad pública que evolucionó adecuadamente en su rol o función desde 1991.

La reciente incertidumbre de los funcionarios de la PTJ provocó renuncias masivas, desmotivación y bajo rendimiento, y aunque con buena intención, los nuevos integrantes, todos policías de prevención, a duras penas intentan empaparse en la especialización de técnicas de investigación, lo que se traduce en esfuerzo inútil e investigaciones deficientes. Pretender homologar rangos de detective e inspector hacia los de policía de prevención no solo es desfavorable económicamente para los bien preparados hombres y mujeres de la PTJ, sino que desvalora la especialización en investigación criminal.

Resumo, la homologación de rangos se aprobó mediante Orden General del Día No. 18 del jueves 29 de enero de 2009, y en concordancia con las resoluciones No. 093 R-49 de 31 de mazo de 2008, donde se aprobó el reglamento interno de la DIJ, y No. 297 R-147 de 7 de julio de 2008, mediante la cual se modifican dos artículos, “…para efectos de evitar generar consecuencias negativas en el presupuesto de la Policía Nacional y en la moral colectiva de sus miembros”. Justificando la modificación de los artículos 51 y 54 de la resolución 093 R-49 indicada; veamos un extracto: “Los funcionarios que sean homologados en el rango equivalente de la carrera policial, pero devenguen un salario superior al que le corresponde en la Policía Nacional para el rango recibido, cuando le corresponda su siguiente promoción de rango la unidad mantendrá el mismo salario hasta que ascienda a un rango en el que se equipare su salario con los de sus homólogos de la Policía Nacional…”.

Definitivamente, no debe afectarse la moral colectiva de los policías de prevención, pero ¿cómo justificar que sí se pudo lesionar la moral y el derecho de los verdaderos especialistas en investigación criminal?

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