CASO MONCADA LUNA

Una osadía bochornosa: Belisario Herrera A.

Con el interés de rodearse de lujos desmedidos, Alejandro Moncada Luna, sin meditar en las consecuencias, incurrió en enriquecimiento ilícito y nunca podrá justificar la compra de apartamentos a costos millonarios con el salario que devenga como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. De esta bochornosa operación han dado cuenta, en sus mínimos detalles, diversos medios de comunicación social, cuyos periodistas han penetrado hasta el fondo de un negociado que transgrede el orden jurídico.

De lo que se trata es que el elevado juzgador está ahora en manos de la Asamblea Nacional convertida por determinación de la ley en Tribunal de Justicia. Es su deber llevar adelante el debido proceso al pie de la letra, porque la defensa de Moncada Luna aprovecharía cualquier desatino en que se incurra en el juzgamiento que tiene entre manos.

Es peligroso que este juicio derive en una tribuna política, con menoscabo de la alta disciplina jurídica, como hemos observado tantas veces en que los tribunales de justicia manejan los casos de forma inadecuada o chambona, pues de esto depende que los verdaderos culpables sean condenados o se les declare inocentes.

Hace poco, por ejemplo, se declaró nulo todo lo actuado en contra de un expresidente de la República al que se le seguía una acusación por soborno, porque no se le levantó la inmunidad antes de ser indagado. Son incontables las causas que han tenido un destino desafortunado por las tácticas dilatorias que los acusados emplean, a través de sus apoderados, y al final nos encontramos con un caso de prescripción.

Por estas dilaciones es que los juzgadores y el Ministerio Público incurren en negligencias respecto al manejo de los términos, de forma que no deben perder de vista el calendario idóneo ni la hora exacta.

Como abogado, me preocupa que la administración de justicia se conduzca con esta falta de malicia. Y aunque después al funcionario negligente en el desempeño de sus funciones se le apliquen medidas disciplinarias, incluso la destitución del cargo, ello no es suficiente, porque en algunos casos la lesión patrimonial que se le causa al Estado es enorme, sobre todo, cuando la parte demandante lleva su caso a la esfera internacional.

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