CORRUPCIÓN O DESARROLLO

El país que merecemos: Franklin Castrellón

Tenía planeado escribir sobre la agenda social del gobierno, pero la lectura de la columna “Investigación periodística y auditoría forense”, de Roberto I. Eisenmann (La Prensa, 12/7/2013), me impulsó a darle seguimiento a este tema, pues considero que la corrupción es el más grave problema del país y, como tal, merece una mayor atención de la opinión pública.

Como bien dice Eisenmann, en su aniversario 75 en septiembre próximo, la Fundación Nieman para el periodismo abordará, entre una variedad de temas, la corrupción y el lavado de activos. Para quienes consideramos que la corrupción institucionalizada reclama una vigorosa acción ciudadana, resulta alentador que haya instancias en todo el mundo para apoyar las luchas nacionales contra ese flagelo.

Desde mi perspectiva, el problema de la corrupción es hoy día tan grave como lo fue bajo el régimen de Manuel A. Noriega, tanto en magnitud como en materia institucional. En efecto, dado el control que tiene el Ejecutivo sobre los estamentos llamados a fiscalizarlo, es prácticamente imposible combatir la corrupción. Esto solo ocurre de manera selectiva cuando así lo desea el poder político. De allí que sea importante el rol que jueguen en la lucha contra la corrupción los medios independientes y la sociedad civil organizada con el apoyo de los entes internacionales. Lamentablemente, en los últimos años este esfuerzo ha carecido del apoyo de las organizaciones populares.

El autor del artículo que inspira esta columna menciona dos organizaciones creadas por becarios de la Fundación Nieman para apoyar la lucha contra la corrupción: Connectas (connectas.org) y The International Consortium of Investigative Journalists (icij.org). Pero hay otras instancias que están muy activas en el ámbito mundial, no solo desde el punto de vista docente y de denuncia, como lo ha venido haciendo el periodismo investigativo, sino en la recuperación de activos.

El Banco Mundial creó en 2007 la iniciativa StAR (Stolen Assets Recovery Initiative), dirigida a recuperar activos robados por gobernantes corruptos. Como resultado de esta iniciativa, con el apoyo de Ngozi Okonjo-Iweala, exministra de finanzas de Uganda, StAR logró recuperar $500 millones robados de Nigeria por el dictador Sanni Abacha. Además, StAR cuenta con la colaboración de bancos regionales de desarrollo, el FMI, la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) y otras entidades.

En el marco de la corrupción, resulta preocupante que instituciones financieras internacionales (IFI) sigan apoyando con préstamos a países que prescinden de licitaciones en sus contrataciones y que, en estos procesos, ignoran las prácticas de la transparencia, como es el caso del Gobierno panameño. Es precisamente esta la causa principal de percepción ciudadana de corrupción en el Gobierno.

El problema en Panamá se agrava por la escasa conciencia que existe en el ciudadano común sobre cómo lo perjudica la corrupción. Este opina que cuando un corrupto le roba al Estado, está quitándole fondos al gobierno. No se detiene a pensar que debido a ello escasean los fondos para reparar escuelas, centros de salud, carreteras y vías rurales, comprar medicamentos o pagarle el salario que se merecen bomberos, médicos, enfermeras, educadores y demás funcionarios.

Los casos que merecen ser investigados por las instancias correspondientes en Panamá durante la actual gestión de gobierno van desde sobreprecios en contratos directos por obras públicas, el manejo de partidas por el Programa de Ayuda Nacional (PAN), el despilfarro de fondos públicos por diputados gobiernistas y el uso de multimillonarios fondos destinados a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá, hasta la compra de tierras estatales a centavos y vendidas a millones por allegados al gobierno.

El candidato a dirigir los destinos del país a partir de julio de 2014 que presente una propuesta sensata para investigar estos hechos y que, además, tenga todos los antecedentes que le merezcan credibilidad, deberá ser apoyado por quienes aún soñamos con tener un país en donde impere la justicia. Pero el esfuerzo no debe detenerse allí; deberá incluir gestiones para la recuperación de fondos y bienes robados. Si renunciamos a la decencia para sucumbir al clientelismo, nos mereceremos lo que tenemos hoy día.

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