PREMIAR LA CORRUPCIÓN

El país de los ´rackets´: Betty Brannan Jaén

PANAMÁ, R.P. –“Dicho crudamente, los magistrados de la Corte Suprema [de Panamá] la manejan como un racket”, cable estadounidense firmado por Linda Watt (2005).

Yo no sé si hemos tocado fondo, pero el país se está hundiendo bajo el peso de un sistema que premia la corrupción, la desfachatez y la avaricia sin límites. Ya no somos el país del juega vivo sino el país de los rackets en gran escala. Donde poco tiempo atrás cuestionábamos que una mandataria pareciera sacar su casa de playa por debajo de la mesa, ahora vemos chanchullos de 1.1 hectárea frente al mar, en la avenida Balboa, y 54 hectáreas al borde del mar, en Juan Hombrón. Hay que think big, se dirán los maleantes.

Y además de aumentar en escala, han aumentado en creatividad. Hasta esta semana, ¿a quién se le hubiera ocurrido que debemos pagarle las vacaciones a un funcionario estatal que ha estado muerto por 30 años? Sin embargo, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, anunció esta semana que ha firmado un cheque (de cuantía secreta) para pagarle vacaciones vencidas a Omar Torrijos, que murió en 1981. Wao, ese racket está buenísimo, sobre todo para alguien que lo pudo montar desde la tumba.

“Hay que pagarles. Pudimos ser adversarios, pero prestaron un servicio a la Nación”, dijo Mulino de este cheque y otros parecidos, como si eso fuera explicación suficiente. Lo que Mulino pasa por alto es que Omar Torrijos no fue un mero “adversario”; fue un dictador que no titubeó en aniquilar nuestras libertades y en exilar, torturar y asesinar a sus compatriotas. ¿Eso fue un “servicio a la Nación”? No. De ninguna manera.

Además, solo un país donde los valores están totalmente invertidos permite que el delito de homicidio prescriba mientras que no prescribe jamás el derecho de un homicida a cobrarle vacaciones vencidas a sus víctimas, aunque tenga 30 años de estar muerto. Por ello, propongo que si el gobierno de Ricardo Martinelli insiste en pagarle las vacaciones vencidas a Torrijos, de allí debe deducirse la indemnización que justificadamente le ha sido otorgada a la familia de Rita Wald, víctima de la dictadura torrijista. No puede ser que tengamos un sistema panameño que protege los reclamos del homicida por encima de los derechos de las víctimas, y por encima del deber de hacer justicia en casos de homicidio (delito que no debiera prescribir).

Como si todo eso fuera poco, otro racket asombroso es que los militares de la dictadura ahora pretendan reclamar salarios caídos desde 1989 (cientos de miles de dólares cada uno), y Mulino estuvo antojado de dárselos. Él parece haber rectificado y espero que así sea, porque no se trata solamente de Gustavo Pérez; como observó un editorial del Panamá América, si se siguiera ese precedente a su lógica conclusión, habría que pagárselos hasta a Manuel Antonio Noriega. Allí sí que tocaríamos fondo.

Por otro lado, si de salarios caídos se trata, ese mismo Noriega cerró La Prensa en 1988, dejando sin trabajo a cientos de obreros humildes y honestos (además de violar el derecho de libre expresión de todos los panameños). Fue muy duro para ellos y algunos perdieron sus casas. Al caerse la dictadura, 72 de ellos interpusieron una demanda contra el Estado panameño que hasta el día de hoy está engavetada en la flamante Corte Suprema. No se les ha reconocido un solo centavo y no veo que nadie en el Gobierno se esté afanando por hacerles justicia.

“El caso no beneficia en nada a los dueños de La Prensa, ni a sus accionistas, ni a sus administradores, sino a sencillos trabajadores, sobre todo de los departamentos técnicos y mecánicos. Allí hay un caso claro de denegación de justicia”, puntualizó Miguel Antonio Bernal, abogado del grupo.

En otras palabras, los panameños pagamos un precio alto por tener un país de rackets, pero no de justicia.

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