DISTORSIÓN

Los partidos políticos no gobiernan: Andrés Culiolis-Bayard

Los partidos políticos son organizados como cuerpos intermedios de la sociedad, para participar en la selección de los ciudadanos que han de integrar los gobiernos locales y nacionales, en elecciones organizadas democráticamente por la autoridad competente.

El Estado es dirigido por los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuando los partidos pretenden gobernar, se lastima toda independencia de criterio y la ciudadanía de sus miembros; se distorsiona y destruye la gobernabilidad, lo que debe entenderse no solo como una aberración jurídica, sino que redunda en una práctica delincuencial en detrimento de las políticas de Estado como responsabilidad prioritaria del Gobierno; se distorsiona la convivencia pacífica y democrática, y se lesiona de gravedad el bien común nacional, lo que deriva en un proceso de corrupción incontrolable.

El Tribunal Electoral es una institución de carácter permanente a la que, a través de su condición de ente jurídico, le corresponde hacer realidad y ser garante de la democracia participativa, mediante la organización y supervisión de los procesos para la elección de los ciudadanos que han de formar los gobiernos de la Nación.

Es aquí que los partidos políticos se organizan en atención a la jurisprudencia, como escuelas de formación política y concepción ideológica, con su ideario y su plataforma de gestión, para que a través del voto popular se elija a los ciudadanos que han de conformar y gobernar el país.

En el ejercicio pleno de la política partidista, los ciudadanos deben actuar con total autonomía e independencia en los asuntos del Estado. La independencia de criterio en el gobernante no debe ni puede ser afectada por partidos cuya vigencia está condicionada y limitada por su participación en el sufragio electoral, y no debe ir más allá.

Es a través de la independencia de criterio (actitud natural de la persona) y la diversidad de opiniones de los gobernantes que se logran los mejores acuerdos, y los consensos se legitiman mediante el diálogo, para servir cada vez mejor a los ciudadanos.

Pretender gobernar a base a pactos y acuerdos político-partidistas de conveniencia, constituye una limitante que deriva en la negación de la democracia participativa, pues con estas malas prácticas se traiciona la voluntad del votante (su conciencia) y de la colectividad política nacional, que es lo que en última instancia debe prevalecer en las decisiones que tomen los órganos de gobierno. Además, es la voluntad ciudadana la que define con su sentencia cómo lograr el bienestar general de las comunidades.

Lamentablemente, la distorsión que se observa en los sistemas político-económicos nacionales y mundiales, es responsabilidad exclusiva de los efectos de un materialismo que nos desalienta, consume y esclaviza, y que tiene su asiento en un concepto distorsionado del origen y naturaleza verdadera del ser humano. En consecuencia, ello deriva en un concepto equivocado de la democracia participativa, personalista y comunitaria.

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