PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN

Derechos humanos en Panamá: Hipólito Donoso

Hace ya 66 años –10 de diciembre de 1948– que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), consciente del imperativo mundial de defender y garantizar los principios espirituales y morales de la paz y la concordia entre los países miembro, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en París, Francia.

Al expresar los sentimientos de gratitud a los plenipotenciarios de los países miembro, la ONU instó a todos los pueblos a promover y asegurar el reconocimiento y observación de los derechos y libertades establecidas en la Declaración.

De acuerdo con la organización, que aglutina a 193 naciones soberanas, los derechos humanos son inherentes a todos, sin distingos de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición.

Es difícil ahora hacer un bosquejo sobre la Declaración, cuyo antecedente inmediato fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 21 de agosto de 1789, documento histórico que coincide con las políticas de John Locke, Charles Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, Thomas Jefferson, Honoré Mirabeau, la revolución inglesa y la angloamericana, y puso fin una Francia feudal por una Francia basada en principios de libertad, igualdad y fraternidad.

Panamá, como país firmante, reconoce esos derechos fundamentales a los nacionales y extranjeros que estén bajo su jurisdicción, a través de la Constitución Nacional, así como en otras normativas dentro de nuestra legislación. El capítulo primero del título II de la Carta Magna, establece: “Las Garantías Fundamentales” de los panameños y demás residentes en el territorio nacional; en el título III, “los derechos y deberes individuales y sociales”.

En la Constitución se recoge el hábeas corpus que protege a las personas contra arresto y privación de libertad arbitrarios. Igualmente, existe el hábeas data, que es una acción constitucional para dar garantía a los panameños a obtener, en 30 días, la información que le ha sido negada con anterioridad.

El derecho a la libertad de religión y culto puede ser ejercido “sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y el orden público (Art. 35), en el que se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños. Los artículos que van del 37 al 41 establecen los derechos de expresión, de reunión y de asociación. Otras normas, no menos importantes, representan, al menos en la teoría, la cobertura casi total de los derechos humanos, no solo de los ciudadanos, sino de los niños, adolescentes, mujeres y ancianos.

Hoy día, Panamá atraviesa por una de sus peores crisis morales. Días agitados en los que la libertad humana es objeto de un debate profundo, ante señales concretas de corrupción e impunidad. Tanto el estado totalitario, con un sentido negativo de la vida, como el mismo estado democrático, de raigambre esencialmente libertaria constriñen, cada vez más, la personalidad del individuo que siente los efectos de un desventurado autoritarismo que se fundamenta en ilógicos principios de convivencia humana.

En el mundo, son distintas las organizaciones que hacen lo posible por promover el respeto de los derechos humanos y, al mismo tiempo, para denunciar cuando estos son violados en perjuicio de las personas.

En efecto, además de la ONU, la Organización de Estados Americanos cuenta con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, lo mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está comprometida con la defensa de tales derechos en la región. Más allá, para los efectos de otras instancias, existe la Corte Internacional de Justicia, con oficinas principales en La Haya, Países Bajos, que constituye una dependencia de la Asamblea General del Consejo de Seguridad de la ONU.

En Panamá, disponemos de la Defensoría del Pueblo, que, aunque no cuenta con poderes coercitivos, representa una columna fundamental en el desarrollo de la cultura y de la efectividad democrática. Esta institución tiene como funciones investigar los actos implicatorios de las autoridades o funcionarios, así como hechos y omisiones de las empresas públicas, mixtas o privadas, y personas naturales o jurídicas que desarrollen un servicio público por concesión o autorizaciones administrativas.

La reconocida sociedad civil, compuesta por distintos organismos sin fines de lucro, también colabora en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Coordinadora Popular de Derechos Humanos, el Comité Panameño por los Derechos Humanos, la Comisión de Justicia y Paz, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo Panamá de Transparencia Internacional, la Comisión pro Valores Cívicos y Morales. Pero una no menos importante, quizá la de mayor jerarquía, es la institución periodística que integran la prensa, radio, televisión e internet, ya que sin ese innegable poder que representa, las organizaciones citadas y otras que se nos escapan por falta de espacio, no podrán jugar a plenitud su papel de defensores de los derechos humanos.

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