PREMIAR AL INESCRUPULOSO

Contra la primitiva democracia electoral: Miguel A. Erroz G.

Las elecciones, por sí solas, no son suficiente para conseguir políticos que pongan fin a la corrupción rampante y otros problemas básicos. En un sistema meramente electoral, la estrategia dominante, que goza de ventajas insuperables, es ser un candidato clientelista. La solución moderna se enfoca no en eliminar las debilidades humanas, sino en reconocerlas.

El argumento de que el carácter de las personas que componen el Gobierno es lo que las hace justas o injustas, ignora que es la estructura gubernamental la que establece qué tipo de personas (decentes o no) gozan de ventaja para ser elegidas.

En resumen, conseguir la elección de personas que actúen de manera justa es una tarea en vano bajo la Constitución actual, que tipifica la debida conducta de los funcionarios y metas como la separación entre los poderes e independencia para legisladores, magistrados y otros. ¿Por qué, entonces, no se logran los objetivos deseados? Antes de contestar esta pregunta es fundamental considerar que la ley abarca no solo qué conducta es aceptable o inaceptable, también toca el tema de las atribuciones que establecen quién será el que decide la culpabilidad, la sanción, el empleo o los recursos de quién. Al evaluar la Constitución con esto en mente, se hace obvio que sus atribuciones subordinan el bienestar (ej. el empleo y/o presupuesto) de casi todo funcionario bajo la jurisdicción del Ejecutivo. Esto produce fuertes conflictos de intereses: se hace difícil e improbable actuar con imparcialidad cuando ignorar los intereses del Ejecutivo trae castigos personales. Es decir, la Constitución, en efecto, no establece la separación de poderes, establece la autocracia.

Los candidatos dispuestos a subastar futuros beneficios y corromper, amasan ventajas desmedidas sobre aquel que no lo haga. Y luego, mientras más tiempo en el poder, tendrá más oportunidad de mover las fichas para extender su control. En este entorno, el ciudadano decente (que representa la mayoría) carga con crecientes desventajas para ser promovido si fuese funcionario, para competir si fuese empresario y para pugnar si fuese candidato.

En este caso, la solución debe tomar en cuenta las debilidades humanas, es decir, es esencial eliminar los conflictos de interés que hacen tropezar a tantos ciudadanos. Esto se logra al instituir atribuciones que le resten al Ejecutivo la potestad de ser quien nombra, promueve, destituye y controla los recursos de la mayoría de los servidores públicos. Se requiere, por ejemplo, una Constitución que sitúe la carrera de los servidores públicos bajo comisiones civiles y/o elecciones, como se ha hecho en estados de Estados Unidos, y en los países de Europa occidental. Los resultados obtenidos con estos pesos y contrapesos son profundos:

Primero, y más obvio, los servidores públicos podrán actuar con imparcialidad. Al estar su carrera y bienestar separados del Ejecutivo, y regidos por mérito. Será difícil presionarlos a usar su autoridad para el beneficio de políticos y sus aliados, o a hacerse de la vista gorda ante los delitos y omisiones de otros funcionarios.

Segundo, los políticos no dispondrán de herramientas clientelistas creíbles, como la concesión de puestos públicos y beneficios ilícitos, usados para reclutar partidarios y otros aliados. En consecuencia, el clientelismo cesa de ser un instrumento de reclutamiento eficaz.

Tercero, el ciudadano es liberado de la mera supervivencia, temor y avaricia cuando contribuye con algún político. Hacerlo ya no producirá un puesto de trabajo u otros beneficios y protecciones personales. Al contrario, el bienestar de los ciudadanos estará ligado exclusivamente al carácter de las normas y a la calidad de la gestión pública general, no al favoritismo personal. Esta diferencia influye sobre cuál de los precandidatos los partidarios y contribuyentes apoyarán.

Finalmente, los políticos y sus aliados dejarán de beneficiarse de la burocracia ineficiente, arbitraria y opaca que les era útil cuando solo se aplicaba a sus competidores. Sin poder adquirir tratos preferenciales, estos individuos se verán igualmente expuestos a estas injusticias, por lo tanto, usarán su influencia para promover soluciones a la corrupción, falta de transparencia y mala administración.

La raíz del problema no yace en la imperfección humana, si bien es un factor a considerar. El problema radica en que la estrategia dominante premia al inescrupuloso y al clientelismo. Cambiar esto requiere modificar lo que atribuye la ley. Una Constitución con atribuciones adecuadas posibilitará evolucionar de autócratas elegidos “democráticamente”, hacia una verdadera democracia en la que impere la ley y la administración imparcial.

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