SISTEMA PENAL ACUSATORIO

En busca de garantías procesales: Luis Augusto Posso Barría

El sistema penal acusatorio hizo su incursión en la vida nacional el 2 de septiembre de 2012, en Chitré, con una cantidad de lineamientos, principios y celeridad que si bien tienen que ver con una aplicación estrictamente jurídica en el ámbito penal, vislumbramos un intento de adecentamiento, como ciudadanos, a la hora de resolver nuestros problemas judiciales.

Este sistema, que nació en la antigua Grecia y se extendió a Roma, se originó de una concepción democrática. Posteriormente fue adoptado por los antiguos regímenes democráticos y republicanos hasta el siglo XIII, cuando fue sustituido por el sistema inquisitivo.

A fin de ilustrar lo que expongo sobre el adecentamiento para resolver nuestros problemas, me referiré a un punto sensible en la historia de la humanidad, cuando se llegó a un acuerdo conforme a la forma de gobernar y administrar justicia. Y para eso debemos remontarnos a la Inglaterra del año 1215, bajo el reinado de “Juan Sin Tierra”, cuyo nombre real era Juan Plantagenet y quien sustituyó a su hermano mayor el popular, “Ricardo, Corazón de León”. El rey impuso un mandato absolutista, déspota y caprichoso, provocando la indignación de sus súbditos. Ellos se rebelaron a sus caprichos y esto obligó a firmar un acuerdo entre el rey y los barones de la corona, para lograr un trato justo en todos los aspectos de la vida.

Ese documento se llamó Carta Magna y esbozaba temas de la vida cotidiana, por ejemplo, las disposiciones en cuanto a la sucesión, tierras, compra, venta, matrimonios, deudas, libertades, posesiones, etc. Entre las disposiciones estaban las referentes a los procesos judiciales, tratando de ejercer el procedimiento más justo posible y eliminando elementos avasalladores que caracterizaban el proceder de la monarquía. Precisamente, eso es lo que se busca con el sistema penal acusatorio, eliminar cualquier apéndice o instrumento que dé pie al ejercicio indiscriminado del poder. Si permanecemos ante la presencia de un sistema que produzca una investigación de oficio, o “de la nada”, como se ha venido haciendo desde los inicios de la República, para perseguir y presionar, podríamos encontrarnos pronto ante choques cada vez más hostiles. Se debe dar el salto y situar la justicia penal a salvo de los vaivenes políticos; elevar el derecho a la actividad noble que los barones ingleses evocaron, es decir, a lo concreto, a la prueba y a la garantía procesal que reza: “nulla accusatio sine probatione” (“no hay acusación si no hay prueba”.

En el sistema penal acusatorio, la prueba reviste una importancia capital y sus planteamientos básicos son: La carga material de la prueba corresponde a la parte acusadora. En otras palabras, el acusador debe presentar lo que considera pruebas pertinentes del hecho; solo tienen el carácter de prueba las practicadas en el juicio oral, bajo los principios de inmediación, contradicción, publicidad e igualdad; las pruebas deben haber sido obtenidas por medios lícitos. O sea que no se puede violar la ley en cuanto a la manera de obtenerlas; requieren de cierta entidad, no bastan las conjeturas o meras sospechas; hay libertad en los medios de prueba; y libre valoración de estas.

Como se observa, el sistema intenta esbozar una manera de valoración que representa un filtro probatorio para las pretensiones del acusador. Esto redundará en la aplicación de un mejor y mayor esfuerzo por parte del jurista, tanto del que acusa como del que defiende, al tratar de acceder a la justicia penal, pero afinará el sentido de derecho y de justicia que debe tener la ciudadanía en cuanto a la aplicación. No debe morir el debate público en torno a este tema, porque el país está obligado a garantizar la seguridad jurídica para todos los ciudadanos y extranjeros que viven aquí.

Pensamos que el dinero no debe ser obstáculo para su implementación, porque no se trata de un lujo, sino de una necesidad inaplazable. En Panamá se han gastado e invertido millones de dólares en muchos proyectos, muchos fructíferos y otros sin fruto alguno. ¿Por qué no invertir más en los sistemas criminalísticos, que deben servir de apoyo al sistema penal acusatorio? Y, en cuanto a lo docente, es preciso señalar que este es un proyecto que no solo deberá enfocarse en el Órgano Judicial y sus dependencias, sino también en la multitud de abogados que laboran en el país. En conclusión, ya hemos experimentado situaciones graves en las que la concentración de poder ha traído enfrentamientos entre gobernantes y gobernados; no solo de este Gobierno sino de los anteriores. Tratemos de aislar la justicia penal de los vaivenes políticos, para que no se agraven estos enfrentamientos y facilitemos el acceso claro y efectivo a esta.

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