PANORAMA

En 2013 se profundiza la economía del malestar: Miguel Ramos

Desde principios del presente siglo, a raíz de la reversión del Canal, Panamá logró por primera vez en su historia su plena independencia formal. Más que la reversión del Canal, lo que se dio fue la finalización del colonialismo estadounidense en Panamá, cuyo ciclo se inició en 1856 con la firma del tratado Mallarino-Bidlack cuando éramos parte de Colombia, y que se consolidó con los tratados de 1903, firmados 15 días después de nuestra independencia de ese país.

Con la finalización del colonialismo se crearon las bases políticas y económicas, para que la clase empresarial, tanto nacional como extranjera, con el apoyo del Estado panameño acometan el desarrollo de toda la potencialidad de la zona de tránsito y, por ende, el país entra en una fase de expansión económica de larga duración que posiblemente se prolongará más allá del año 2020.

Una vez se termine el tercer juego de esclusas, se acelerará el desarrollo del país como centro logístico terrestre, aéreo y marítimo, lo que exigirá la ejecución de nuevas obras de infraestructura y la continuación de las ya iniciadas.

Sin embargo, esta onda larga de expansión económica no ha traído un estado de bienestar, sino un estado de malestar. Se profundizan los desequilibrios regionales y sectoriales al hacer énfasis de manera innecesaria en el sector terciario y abandonando a su suerte al sector agrícola y pecuario. No se apoya lo suficiente al sector manufacturero, como tampoco las actividades de investigación y desarrollo. Esto viola un principio básico de desarrollo económico que establece que todo sistema económico debe ser lo más homogéneo posible.

Como consecuencia de lo anterior, las provincias centrales y las más alejadas, como Bocas del Toro y Darién, no alcanzarán el suficiente desarrollo económico, lo que hace de nuestras áreas rurales una fábrica de pobres.

Por otro lado, los flujos de inversión extranjera, el incremento vertiginoso de las actividades turísticas y del gasto público han generado un crecimiento exponencial de la masa monetaria en circulación, cuyo efecto es un proceso inflacionario sostenido desde el año 2005.

Para julio de 2012, de acuerdo a cálculos de economistas locales y foráneos, la masa monetaria en circulación (depósitos a la vista más moneda fraccionaria) sumaba cerca de 6 mil 500 millones de dólares. Esto significa que para el 31 de diciembre de 2012 esta podría alcanzar los 7 mil millones en una economía con un producto interno bruto de 35 mil millones.

En una economía como la panameña, la masa monetaria no debe rebasar el 8% del producto interno bruto, que sumaría cerca de 2 mil 800 millones de dólares. Al no tener Panamá un banco central, el Estado carece de las herramientas necesarias para controlar el nivel de masa monetaria. Lo peor del caso es que ni siquiera el país cuenta con los mecanismos necesarios para esterilizar la masa monetaria en circulación. Y lo más grave de todo esto es que la Superintendencia de Bancos no muestra ningún interés en examinar el tema, cuando por la naturaleza de sus actividades está obligada a hacerlo, aunque la ley no la obligue.

En los países más desarrollados, que ejecutan políticas monetarias expansivas, la inflación no se ha desbordado, debido a los mecanismos de esterilización monetaria, ya sean naturales o institucionales. El muy desarrollado mercado de valores, la propia diversificación de la estructura económica y los flujos de inversión hacia el extranjero, complementado con las operaciones de mercado abierto de los bancos centrales y del tesoro nacional, generan los espacios económicos para colocar los excesos de la masa monetaria.

Los desequilibrios regionales y sectoriales, la ausencia de un banco central y de mecanismos de esterilización monetaria naturales e institucionales disparan la inflación y hace inevitable el crecimiento de una economía del malestar en Panamá.

Es inaceptable que nuestro desarrollo económico sea solo determinado por el sector terciario, como inaceptable es la tesis de que la inflación vino para quedarse. Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como la Superintendencia de Bancos están obligados a examinar este tema y darle una salida, aunque sea parcial.

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