REGLAS

La propiedad y el conflicto de la disposición de los bienes: Cristina De Roux

El hombre actúa dirigido a luchar contra la escasez para procurarse un estado de mayor bienestar que el actual. Está constantemente en la disyuntiva de cómo utilizar los medios escasos para cubrir de manera más económica y completa sus necesidades. Desde tiempos inmemoriales, los individuos desarrollaron métodos para disminuir la violencia y aprovechar al máximo las ventajas de la cooperación social y la división del trabajo. Para un individuo interesado en la mejora de sus condiciones, un conflicto sobre el uso de los bienes escasos es necesariamente contraproducente y destructivo. No resulta sorprendente que en las sociedades más pacíficas la propiedad de las personas sobre sus bienes esté menos afectada que en las sociedades más conflictivas.

La propiedad es la facultad del individuo de decidir sobre el empleo de bienes económicos –esto es, bienes escasos– y, por ende, utilizar lo que produzca y disponer sobre ella y su producto como tenga a bien, en su calidad de dueño. No es más que una forma de delinear la pertenencia de los recursos escasos para evitar los conflictos que surgen naturalmente, si no se respeta la pertenencia del individuo actuante sobre un bien determinado. Desde un punto de vista económico, la propiedad o titularidad de un bien implica su exclusividad y su enajenabilidad, por parte de aquel individuo. Si no se posee ambas cualidades, no existe la titularidad sobre un bien.

La potestad del individuo de disponer sobre sus bienes es dejar en sus propias manos la responsabilidad de determinar cuál será la forma más efectiva, conveniente y económica de aprovechar los medios a su disposición para lograr un fin determinado. Los fines elegidos harán más o menos específicos las diferentes clases de medios económicos, haciéndolos, en diversa medida, sustituibles o no. Esto obliga al hombre a ponderar su idoneidad, ordenándolos según su mayor o menor utilidad. Los individuos son los únicos capacitados para decidir sobre el mejor uso y la más útil disposición de sus bienes, de acuerdo a sus intereses, a sus juicios de valor, la guía de sus acciones. No podemos cuestionar los juicios de valor ajenos, que determinen cuál es la mejor forma de disponer de sus bienes.

Estas reglas se aplican a todos los individuos, sobre todos sus bienes legítimamente adquiridos. Es la igualdad ante la ley, al igual que la mejor definición de la propiedad. Hoy en día, la propiedad privada existe justificada en el derecho civil, descendiente del derecho romano, y el reconocimiento de dicha propiedad existe en nuestra legislación. Sin embargo, la definición que ha llegado a nuestros días de la propiedad no es tan clara como su antecesora del derecho romano.

Una difusa definición de la estructura de la propiedad y de la titularidad de los bienes, en la que se priva a los individuos de la propiedad de la superficie y/o del subsuelo y sus recursos naturales, provoca conflictos para los individuos con tenencia y ánimo de dueño sobre los bienes cuya propiedad no está bien delimitada. Entran en conflicto tres categorías de individuos; primero, los que ejecutan la actividad dependiente de los recursos naturales; segundo, los habitantes de las zonas donde se llevan a cabo las actividades; y tercero, el Estado, último disponente de los recursos en las zonas en disputa. Sin embargo, solo podemos hablar de la devolución de la propiedad de la superficie y del subsuelo, de manos del Estado a manos de los particulares en una sociedad donde todas las reglas de la propiedad están basadas en el derecho civil, sin fueros ni privilegios.

La propiedad privada bien definida de todas las tierras en la República, en igualdad ante la ley, permitiría a los propietarios –de la superficie y del subsuelo– contratar y disponer libremente de sus bienes con cualquier individuo. Permitiría al hombre prever la oportunidad, en la lucha contra la escasez, y actuar para mejorar sus condiciones.

A falta de una concreta definición de la propiedad, en un ambiente de cooperación social y división del trabajo, la distribución de la superficie de la tierra y los recursos naturales no es más que una discusión política. No es más que un asunto del ejercicio del poder, que solo acrecienta las diferencias entre los individuos, por el distinto trato ante la ley. No se trata de conceder, proteger u otorgar “derechos de propiedad” por medios coactivos; se trata de no atentar contra la propiedad por medios coactivos.

El conflicto es natural a la vida en sociedad, pero en gran medida es evitable. Sin embargo, una solución coactiva en la que se vea coartada la capacidad de disposición será, cuando más, y mientras se acerque a conceder los deseos de las personas en conflicto, una panacea. Mientras no se defina debidamente la propiedad, la amenaza del conflicto y la violencia permanecerá latente.

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