ADECENTAMIENTO

´Se puede meter la pata, pero no la mano´: Alexandra Weeden

En las últimas semanas han salido a relucir una serie de noticias, muy preocupantes, que vinculan a varios servidores públicos con el término “enriquecimiento injustificado”, pero, ¿qué significa esto?

El enriquecimiento injustificado, como lo establece la Ley 50 del 29 de diciembre de 1999, en su artículo 5, tiene lugar cuando un servidor público o exservidor público, durante el desempeño de su cargo o dentro del año siguiente al término de sus funciones, se encuentre en posesión de bienes que sobrepasen los declarados o que superen sus posibilidades económicas y no pueda justificar.

Los servidores públicos están obligados a presentar, al inicio y al término de sus funciones, su declaración jurada de bienes. En la práctica, lastimosamente, esto no se cumple y, sin lugar a dudas es una de las grandes fallas de nuestro sistema político.

Y así, como por arte de magia, vivimos en un país con gobiernos cuyo modus operandi ha sido: “Yo te doy un poco por tu silencio, pero yo me quedo con el resto y aquí no ha pasado nada”.

El Código Penal, en su artículo 351, establece que el servidor público que no pueda justificar la procedencia lícita de su patrimonio será sancionado con prisión de tres a seis años y la pena será de seis a 12 años de prisión, si lo obtenido, sin justificación, supera la suma de 100 mil dólares. La misma sanción se le aplicará a la persona que haya sido interpuesta para disimular el incremento patrimonial, es decir, a los familiares o amigos, como suele suceder.

Es lamentable que los servidores públicos, tras cometer desfalcos con los fondos del Estado, se hayan dedicado a la compra de yates, fincas, carros, casas, mansiones, hagan viajes y depositen sumas millonarias en cuentas propias y de familiares, mientras que, en Panamá, cuatro de cada 10 personas vive en pobreza total (36.8%) y, del total de la población, 508 mil 700 se encuentren en situación de pobreza extrema, según cifras de las Naciones Unidas.

Ante tantas necesidades básicas que tiene la población en este país, no es posible que los funcionarios “entren pobres y salgan millonarios”. Esperemos –y estaremos vigilantes como sociedad civil– que este gobierno respete a los ciudadanos y deje a un lado la indecencia e inmoralidad que caracterizó a los gobiernos anteriores.

Ojo, que gran parte de la culpa de todo esto la tenemos nosotros, los ciudadanos. Basta remitirnos a las elecciones que se repitieron la semana pasada, en el circuito 7-1, en las que ganó el candidato al que se le comprobó que había violado las leyes electorales. ¿Seguiremos siendo tan ingenuos? Todo parece indicar que a Panamá se le aplica aquella frase que dicta “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.

¡Ciudadanos, es hora de que despertemos! Somos testigos de un asalto a mano armada, de un robo a nuestro hermoso Panamá. No podemos seguir siendo cómplices de estas sinvergüenzuras.

No es posible que una persona, en su declaración jurada de bienes patrimoniales –que por ley están obligados a rendir a partir de la toma de posesión de un cargo público– al inicio declare tener solo una casa y un carro, y cuando termina su periodo tenga yates, mansiones, terrenos y helicópteros.

Es igual de culpable el que incurre en actos de corrupción, como el que no los denuncia. La Ley 59 establece que cualquiera puede denunciar un caso de posible enriquecimiento injustificado ante la Contraloría General de la República.

Jóvenes, recuerden que vivimos en un país democrático y si queremos que permanezca así, entonces debemos actuar. Si seguimos de brazos cruzados, ¿qué será de las futuras generaciones?

Hagámosle saber su equivocación a todos aquellos que se creyeron reyes solo por ejercer el poder unos años. De una vez por todas, hay que poner en “jaque mate” a la corrupción.

Mañana domingo, anímate a acompañarnos a la marcha denominada “Alto a la corrupción y la impunidad”, a partir las 7:30 a.m., a la altura del Hotel Hilton de la Avenida Balboa. ¡Lleva tu bandera de Panamá y exijamos justicia!

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