PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

No hay que quemar la casa para hacer tostadas: Marissa Krienert

No hay que quemar la casa para hacer tostadas: Marissa Krienert No hay que quemar la casa para hacer tostadas: Marissa Krienert
No hay que quemar la casa para hacer tostadas: Marissa Krienert

El Presidente de Panamá ha iniciado su gestión con algunas medidas que son elogiables. Tal como la publicación de su estado patrimonial y el nombramiento de un equipo de trabajo balanceado, profesional y capaz, en términos generales. Igual lo son los claros mensajes de medidas de honestidad, como acabar con los negociados de los cónsules y los notarios.

Dado que el Presidente ganó las elecciones con solo el 38% de los votos, debe estar claro en que sus propuestas no recibieron el apoyo de las mayorías. El 62% del electorado las rechazó o no se vio representado en ellas.

Esto me lleva al título de este artículo. Cuando se toman medidas no estudiadas, muchas veces tienen un impacto negativo desproporcionado para lo que se quiere lograr. Este es el caso de las políticas adoptadas en materia de regulación de precios. La regulación, aunque sea parcial y temporal, impacta negativamente la inversión privada (como lo vemos), la formación de precios y la imagen del país como un lugar amigable para los negocios. Esto impacta en el crecimiento, y ese impacto es desproporcionado para el tamaño del problema que se quiere resolver.

La regulación solo funciona temporalmente, lo que ha sido ampliamente demostrado. El daño, sin embargo, lo hace desde el primer día. Dado que lo que busca el Presidente es la disminución del precio de 22 productos, la pregunta es si pudiese lograr lo mismo sin impactar negativamente la imagen del país en materia de inversiones y de funcionamiento apropiado de la economía.

Veamos algunos hechos. En ninguno de los 22 productos regulados el país es autosuficiente (excepto en pollo y huevos). De hecho, la producción local de algunos de estos productos es realmente baja o inexistente (sardinas); la mayoría de los que están en la canasta básica, al igual que estos 22 productos, están protegidos por altos aranceles; se exceptúan de lo anterior los contingentes arancelarios (importaciones a aranceles bajos por cantidades limitadas) que deben ser otorgados por obligaciones internacionales del país; estos contingentes solo pueden ser importados por algunos privilegiados; los precios internacionales de estos productos son más bajos que los locales (si no fuera así, no habría que protegerlos con aranceles de importación).

Ante estos hechos, podemos deducir que si se abre el mercado para permitir que cualquiera importe los 22 productos señalados cuando quiera, y se permite que fácilmente toda persona de cualquier nacionalidad ponga un supermercado o minisúper (eliminando la nacionalización del comercio al por menor, facilitando los registros sanitarios y eliminando sus costos) el resultado sería que los precios bajarían y quienes producen esos 22 productos desaparecerían parcialmente (los eficientes se mantendrían).

Aplicar lo anterior tiene el problema del costo político que implica. Por tanto, para hacerlo “potable” políticamente, habría que tomar en cuenta a los productores ineficientes, para que no desaparezcan o, si lo hacen, se reconviertan con algo distinto o sean eficientes.

Dado que el impacto económico de estos productores debe ser muy bajo (toda la cosecha agrícola representa el 3.8% del PIB, esto incluye rubros de exportación como el banano, la piña, las cucurbitáceas, los pimientos y los mariscos, lo que permite suponer que ellos no llegan al 1% del PIB), es posible que se pueda establecer un programa de compra a futuro de toda la cosecha local de los 22 productos, de forma que no sean afectados por las importaciones, si la totalidad de la producción ha sido comprada previamente. Este programa puede establecerse a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario para suplir sus ferias libres y jumbo ferias, con un costo realmente bajo para el fisco, resultando en una función válida y efectiva para la gestión de dicha institución. Lo anterior, junto con una vigilancia estrecha de parte de la Acodeco para evitar las prácticas monopolísticas, permitiría adoptar medidas más amigables con el mercado y lograr el mismo objetivo: alimentos a precios accesibles.

Aunque es obvio que lo mejor sería adoptar la primera sugerencia, la segunda tiene la ventaja de ser políticamente viable, se logra el objetivo de bajar los precios y mantener la producción nacional, sin impactar en la inversión ni la imagen del país. No es necesario quemar la casa para hacer dos tostadas…

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