DELITOS DE GOBIERNO

De reacciones tardías: Gino Osellame R.

De las declaraciones de algunos confesos, de pruebas vinculantes en procesos penales seguidos en jurisdicciones de ultramar, de la condena a un magistrado, de los dinámicos mass media y otros elementos análogos, se ha desenmarañado toda una gama de actos criminales, cometidos, presuntamente, por autoridades que ocuparon cargos de alto perfil en los órganos del Estado durante el período gubernativo anterior. Se han evidenciado varios temas que puntualmente vale la pena inferir, veamos:

1. Que la justicia marcha al ritmo de las pulsaciones políticas.

2. Que la justicia no es igual para todos (hay quienes tienen sus ventajas sociales).

3. Que, presuntamente, los mismos hechos criminales cometidos por los servidores públicos del gobierno pasado se pudieron cometer por los de gobiernos previos y quizás quienes integren los futuros gobiernos también podrían perpetrarlos.

4. Que nuestra apasionada sociedad reacciona, con dilación y mansedumbre, ante la germinación de todos los desafueros que dimanan del poder político en turno.

Ahora bien, tomando estos hechos como una variable epistémica, tenemos que en un periodo de cinco años se realizaron diversas conductas atípicas, de las que aún se descubren hechos que aumentan el número de supuestos involucrados, directos o indirectos, en los actos criminales.

Por tratarse de delitos contra la administración pública, como enriquecimiento injustificado, peculado, tráfico de influencia, abuso de autoridad e, incluso, delitos contra el orden económico, violación a la intimidad y otros que dimanan del abuso del poder político, es evidente que estos adquieren un tamaño superlativo, por lo tanto, no son simples delitos, sino que son causa de una aguda crisis institucional, vicios del estado de derecho, por no decir, el descalabro de la salud de nuestra democracia.

La sociedad organizada debe detenerse un poco y revisar metodológicamente –y sin ánimo pasional– no solo los efectos de estas conductas, sino sus orígenes. La causa primigenia de cualesquiera que se pudiera esbozar es la falta de controles institucionales, como resultado del intrincado robustecimiento icónico de normas, con rango constitucional y legislativo que, de forma conveniente, permiten que políticamente se desarrollen los mismos.

Vale la pena, entonces, hacer las siguientes preguntas obligatorias: ¿las normas existentes no sirvieron para detener en el momento la marejada de situaciones irregulares que, presuntamente, se le imputan al gobierno pasado en general? ¿Nuestro sistema institucional democrático no mantuvo activos los mecanismos previos para evitar tales conductas de los servidores públicos? ¿Existen realmente controles en Panamá? Y mil preguntas más que, como ciudadano, podría desplegar.

Lo cierto es que nuestro sistema presidencialista prima realmente sobre toda la estructura democrática del país, supeditando la ley a la política, sacrificando las instituciones que la actual Constitución Política, a manera de fábula, sostiene para la configuración del Estado moderno.

No se puede hablar de contrapesos en el ejercicio del poder político, cuando quienes encabezan uno de los órganos del Estado son escogidos por los otros dos órganos. No puede haber contrapeso estatal, cuando la representación más alta de los ciudadanos, concentrada en la Asamblea Nacional, más que legislar negocia como en un mercado posiciones políticas y hasta ideológicas, desconociendo el mandato social que ostentan.

No puede haber controles, si quienes encabezan el sistema electoral pretenden o bien, excluirse del equilibrio constitucional o buscan aliarse al poder de turno. No puede haber control si quienes fiscalizan renuncian, simuladamente, y bajo estrategias oscuras a sus funciones.

En víspera de la escogencia de nuevos magistrados, urge debatir acerca de la organización e institucionalización constitucional de un consejo de la judicatura u organismos afín, que permita separar realmente del poder del Estado al judicial. La justicia no puede estar encadenada dócilmente al Ejecutivo ni tampoco debe ser usada como cernícalo de caza.

Por otra parte, la sociedad cómodamente descansa mientras la llamada sociedad civil actúa contra los abusos del poder político. Nuestra sociedad debe incrementar su participación dentro del sistema democrático, y quizás la voluntad popular activa se imponga sin violencia en las calles de la indignación, tal como lo hicieron los hermanos guatemaltecos en su momento preciso, y no de forma insalvable después.

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