CONTADOR PÚBLICO

Por una reforma justa: Marcos A. Ruiloba

La legislación que reglamenta la profesión de contador público autorizado (CPA) en Panamá data de 1978. Desde entonces es ejercida por personas naturales y jurídicas dentro del más alto plano técnico y ético en la práctica profesional. Sin embargo, hay que reconocer que, como en toda actividad humana, el ejercicio de esta profesión se ha visto empañado por actos que lesionan la ética y ponen en duda la integridad y objetividad de quienes la ejercen.

El borrador del anteproyecto de ley que propone regular la profesión, llega en un momento en que se requiere de una nueva normativa por el bienestar de todos los que la practicamos, y del público en general. De aprobarse, se establecería una marcada diferencia entre quién es un CPA y quién es un auditor externo. Ambos son profesionales egresados de un centro de estudios superior, lo único que al segundo (que es CPA) se le exige una idoneidad profesional emitida por la junta de auditoría externa. Tanto esta como la de contabilidad, encargada de emitir la idoneidad profesional de los CPA, son entes creados y regulados por este anteproyecto de ley. Se colige, entonces, que la profesión de CPA y la de auditoría externa estarán supervisadas y reguladas por la junta de contabilidad y la junta de auditoría externa, respectivamente.

Lo que llama la atención de esta propuesta, es que entre los requisitos para obtener la idoneidad de CPA figura la experiencia laboral como algo indispensable, con la Ley 57 de septiembre de 1978, normativa vigente hasta el presente que regula la profesión, tener experiencia no era necesario para ser idóneo. Además si una persona era condenada por delito contra la fe pública o contra la propiedad, podía solicitar su licencia después de cinco años de cumplir su condena. Con esta iniciativa se habla de siete años, lo que no me parece justo. El carné de CPA debe tener vigencia y ser renovado cada cinco años, no cada tres como se pretende.

La comunidad debe entender que un CPA es un profesional con necesidades espirituales, económicas, afectivas y biológicas como cualquier persona. Establecer nuevas reglas para la práctica profesional, orientadas a crear una especie de filtro entre los que aspiran a obtener la idoneidad de CPA o de auditoría externa, puede provocar su escasez.

Pero el anteproyecto tiene sus bondades. Por ejemplo, el programa de educación continua y el de control de calidad son grandes aciertos, benefician a la profesión, a quienes la practican y al público en general. Que el auditor externo se vea urgido a cumplir con las horas–crédito de educación continua, garantiza la calidad en el desempeño. De lo que no habla este borrador de anteproyecto de ley es de los honorarios del CPA o auditor externo. Este tema debe ir ligado al borrador para que se discuta y debata en la Asamblea Nacional, porque se nos exige aprobar un examen uniforme de certificación profesional y afiliarnos a una asociación, registrada y reconocida por la Junta de Contabilidad. Si vamos a mejorar la calidad de nuestro trabajo, es justo mejorar nuestra calidad de vida. Una reforma justa implicaría reconocer la formación académica y profesional de todo CPA, aun cuando se dedique a la docencia en centros de educación superior.

La necesidad de establecer un nuevo reglamento obedece a que el ejercicio profesional se ha visto perjudicado por malas prácticas. Por ejemplo, en 2010 quebró de manera fraudulenta una empresa de seguros, y los asegurados perdieron sumas importantes de efectivo. Los estados financieros avalados por auditores externos manifestaban situaciones favorables lejos de la realidad. Pedimos que las autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias tomen en cuenta los comentarios y opiniones de los que somos miembros del gremio antes de reformar la ley.

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