GOBIERNO

Sobre reformas electorales: Antonio Saldaña

La Comisión Nacional de Reformas Electorales recientemente instalada –en la que no participa ningún panameño de a pie ni hay un solo partido político que lo represente de forma genuina– se propone en esta ocasión y de cara a los comicios del año 2019, entre otras modificaciones al estatuto electoral, fijar un tope al financiamiento a las campañas y la obligación de divulgar la lista de donantes.

Esta medida en apariencia la indicada para acabar con “la política de la chequera” entronizada en las elecciones internas de los partidos políticos, como también en los torneos en los que se disputan puestos de elección popular, no elimina las causas profundas del problema porque subyace en ella la raíz de la corrupción pública y de la desigualdad en la participación, esto es, el financiamiento privado y la inversión en proselitismo político de dinero de dudosa procedencia.

El uso del capital privado en las campañas electorales ha sido el mecanismo utilizado históricamente por los grupos económicos dominantes (oligarquía) para usufructuar del poder político del Estado.

Esa es la razón fundamental por la que, los candidatos a puestos de elección de los partidos políticos, mejor dicho de las empresas privadas políticas o entelequias de partidos, de forma reiterada, se niegan a aprobar la norma en el Código Electoral que obligue a divulgar la lista de donantes.

Se trata del círculo vicioso del poder oligárquico. Las grandes empresas financian campañas presidenciales y de diputados, así como también incursiona en estas el dinero mal habido, “inversión” que luego reditúan con todo tipo de prebendas y contratos leoninos en detrimento del erario.

Verbigracia la ampliación de una avenida de la ciudad de Panamá cuyo costo, supuestamente, es de 20 millones de dólares por kilómetro, cuando los técnicos señalan que no debía costar más de seis millones.

Luego de instalada la oligarquía en el poder –indistintamente de la época o de la fracción de que se trate– se inicia el proceso de enriquecimiento injustificado completando el círculo del cohecho político. La historia política y la acumulación originaria del capital de los señores del gamonalismo reflejan los numerosos episodios y hechos de corrupción desde los inicios de la República hasta la actualidad.

Prácticas políticas nefastas que empiezan con la pérdida de los “millones de la posteridad” en los albores republicanos y más reciente con la privatización del IRHE, Intel y los Casinos Nacionales, la compra de la casa de Punta Mala, el caso Cemis y la compra de radares a Finmeccanica, S.A.

De manera que el rescate del “país decente”, la “Res Pública” (cosa o espacio público), la democracia y la ética política, pasan inexorablemente por el financiamiento estatal de las elecciones, con topes definidos y la eliminación absoluta en los procesos electorales del dinero privado y mal habido. ¡Así de sencilla es la cosa!

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