CONTROLES EFECTIVOS

La regulación de colegios privados: Jaime Cheng Peñalba

El Estado panameño, a través del Art. 90 de la Constitución Nacional, garantiza la libertad de la enseñanza. También se reconoce el derecho de crear centros de educación particular en la misma línea de la libertad educativa, y como forma de apoyo a la gestión estatal en este aspecto.

El Estado puede intervenir en los centros particulares “para que cumplan con los fines nacionales trazados”, añade el artículo mencionado. Al principio, los primeros de estos colegios fueron mayormente de orientación religiosa, regentados por diversas órdenes de la Iglesia católica. De hecho, la segunda universidad creada en el istmo, aparte de la estatal, fue la Santa María la Antigua, que respondía a esos preceptos. No hay que soslayar que estos centros funcionaron con una clara orientación ideológica y férrea organización administrativa, lo que ocasionó en su momento gran demanda entre las clases altas y medias.

Muchos de estos centros siguen funcionando con los mismos paradigmas religiosos y con una filosofía pedagógica per se. Sin embargo, en las últimas tres décadas ha proliferado un sinnúmero de escuelas particulares y universidades que realmente se orientan en un claro fin de lucro, sin que les importe la parte formativa de los estudiantes.

Algunas tienen un agresivo plan de mercadeo, mediante el que ofrecen multiplicidad de bachilleratos y con una supuesta excelencia educativa, lo que en el fondo, si hacemos una minuciosa investigación, se traduce en publicidad realmente engañosa. Una visita a muchos de estos centros particulares nos revela que hay ausencia de espacios adecuados para que los alumnos desarrollen sus quehaceres intelectuales. Los salones son pequeños, sin buena ventilación y encima con una sobrepoblación escolar. Sus estructuras carecen de mantenimiento efectivo y no poseen las medidas de seguridad adecuadas. A los docentes se les contrata por jornadas de tiempo completo y parcial, ganando salarios irrisorios que no se ajustan a los designados por el Ministerio de Educación (Meduca). ¿Cómo es posible que a un educador se le exijan 40 horas a la semana de clases, impartiendo diferentes cátedras, y se le pague solo 300 dólares? Esto es realmente insólito y una falta de respeto a su formación profesional.

En otras escuelas particulares se les trata como obreros de inicios de la revolución industrial. No se reconoce su derecho a la permanencia, lo que viola el principio universal de seguridad laboral. Se les mantiene vigilados como si estuvieran en un campo de concentración incluso al propio personal directivo. Se les premia o castiga, con un aumento o bono navideño de acuerdo a su “desempeño”, de forma similar al que se entrega en las maquiladoras. Muchos dueños o directivos de estos colegios ni siquiera son docentes y carecen de mínima orientación pedagógica; se trata de empresarios que buscan llenar sus bolsillos a expensas de una supuesta formación integral. Son mercaderes que lucran con la actividad educativa, “a mayor matrícula, mayor ganancia”. O sea, que hay que atraer a los alumnos de la mejor forma posible, así sea inventado servicios que no son de primera línea.

Otorgar permisos a cualquier sociedad anónima para que funcione como escuela, por doquier, sin un plan serio de capacitación y formación dirigida, tanto a docentes como a estudiantes, no contribuye con la libertad de enseñanza, sino con la deformación académica de los estudiantes.

Se supone que el Meduca posee un cuerpo de supervisores para monitorear estos centros, de manera periódica, pero las grandes interrogantes son: ¿Cada cuánto tiempo se aparecen por esas escuelas? Y si lo hacen, ¿tendrán la visión y el perfil de investigadores para percatarse de los problemas académicos y laborales?

Hoy día, muchas escuelas públicas poseen mejores condiciones físicas que los centros particulares, aparte de que tienen la ventaja de un presupuesto y subsidio estatal asignados de antemano. Sin embargo, por múltiples razones se vende la idea de que en materia educativa lo privado es mejor que lo público; esto pareciera ser una especie de mito urbano. La acelerada proliferación de “escuelitas privadas” que promocionan la “facilidad” de obtener un título, con el menor esfuerzo, ha debilitado a escuelas de tradición como la Nocturna Oficial, cuya matrícula se ha reducido de forma significativa.

El Meduca debe ser más responsable cuando otorga permisos, y supervisar de manera efectiva a muchos de esos centros escolares. La escuela no es una fábrica de productos enlatados. Son espacios de formación y aprendizaje, por tal motivo, la administración del tiempo, la relación laboral y la mística educativa deben ser distintas.

Las escuelas particulares que solo buscan el lucro y no cumplen con los fines educativos, sencillamente, deben cerrar sus puertas.

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