POLÍTICAS PÚBLICAS

Estado laico, ley seca y religión: Adolfo Enrique Linares Franco

Esta costumbre de decretar “ley seca” en Semana Santa, Día de los Muertos y otras fechas religiosas cristianas debe superarse. Para aclaración, confieso que soy católico por convicción y fe. Pero a mí me resulta verdaderamente inaceptable que el Estado tenga que regular actuaciones con base a creencias o dogmas religiosos. La fe es un acto personalísimo y el individuo debe ser libre de escoger si cree o no cree o si bebe o no bebe, para ponerlo más claro. Ni la fe ni la sobriedad ni el celibato –para profundizar un poco más– se pueden “imponer” con un decreto o una ley. Ambas “virtudes”–la fe y la sobriedad– se alcanzan por convicción y disciplina, y el celibato diría que por “masoquismo”. El Estado por su parte debe establecer políticas públicas de aplicación general, sin discriminación de ninguna clase ya sea por preferencia sexual, género, raza, nacionalidad, clase social, etc., para que así pueda la sociedad vivir y prosperar civilizadamente.

Nuestra nacionalidad se ha nutrido, desde su placenta, de diferentes etnias, creencias y nacionalidades y en este sentido debemos, de una vez por todas, declararnos en un Estado laico, entendiendo como tal aquel donde las autoridades políticas no se adhieren pública ni privadamente a ninguna religión específica ni se dejan influenciar en creencias religiosas al momento de establecer las políticas públicas que regirán al Estado como nación.

En nuestra legislación hay muchos otros ejemplos de estas normas “mojigatas” como la “preferencia” de dar el descanso dominical en día domingo, norma obviamente influenciada por nuestra fe cristiana, que es la de la mayoría de los panameños. Pero si para los cristianos el domingo es el día de descanso obligatorio, para los judíos es el shabat, para los musulmanes es el viernes, por lo que el Estado debiera regular solamente la obligatoriedad de dar el día de descanso semanal, como un derecho fundamental del ser humano reconocido universalmente, mas no determinar cuál y dejar esto al libre albedrío de las partes.

Nuestra Constitución establece como garantías fundamentales la libertad de credo y la no discriminación ante la ley. Siendo así las cosas, soy del criterio que estos decretos que establecen las llamadas “ley seca” bien pudieran no soportar un cuestionamiento constitucional. Pero no tenemos que esperar a que esto suceda. Es hora de que la ciudadanía entienda verdaderamente en qué consiste ese “poder ciudadano”. Muchas veces, como estoy seguro es el caso de la “ley seca”, estas normas se aplican casi que por “tradición” sin que venga una autoridad y las cuestione por temor a entrar en un tema que pudiera ser sensitivo o “políticamente incorrecto”. Creo, sin embargo, que ya es hora de que nuestras autoridades sometan a la opinión pública estas inquietudes y, con base a ese principio de participación ciudadana, me atrevo, con el mayor de los respetos, a sugerir que abandonemos de una vez por todas esta costumbre que para lo único que sirve es para confesar nuestra mojigatería tercermundista, que no va acorde con un país que pretende ser de primer mundo y abierto a todas las creencias y libertades.

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