POLÍTICAS

Estado, responsable de la violencia contra la mujer: Jean Marcel Chéry

La sociedad panameña está en deuda con las mujeres. No hemos podido evitar el aumento de la violencia que sufren y que es una limitación total o parcial en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales, tal como establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Datos oficiales indican que en Panamá se han duplicado los homicidios contra las mujeres en solo tres años. En 2012 eran el 5.3% de los asesinatos y en el primer semestre de 2015 fueron el 11.1%. Y un homicidio contra una mujer, generalmente, es la culminación fatal de un ciclo de violencia doméstica de años.

El Estado tiene la mayor responsabilidad de este problema; su patrón de negligencia y falta de efectividad para capturar, procesar y condenar a los agresores, le ha hecho fracasar en su obligación de protegerlas de la violencia. Peor aún, el Estado ni siquiera ha podido mantener a los agresores lejos de sus víctimas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ha reiterado, en su Opinión Técnica Consultiva No. 009/2013, dirigida a los Estados de Centroamérica y el Caribe, que el maltrato contra las mujeres es considerado como violaciones a los derechos humanos, aunque –en su forma típica– estas sean perpetradas por los Estados y la violencia doméstica sea, generalmente, ejercida por particulares.

Y es considerado violación a los derechos humanos porque el Estado, representado por autoridades (corregidores, policías, fiscales, jueces) ha violado su obligación positiva de proteger el derecho a la vida de las mujeres. Como prueba de esto aportamos la conclusión de un estudio realizado por nuestra empresa consultora de que más de la mitad de los casos de homicidios de mujeres tiene un antecedente de denuncia de maltrato por parte de la víctima, tratada con negligencia o ignorada por una autoridad, sobre todo corregidores.

En este marco es que la Unodc busca formas de proteger a las mujeres y llega a la mesa del debate el uso del brazalete electrónico de monitoreo como una fórmula. Su uso está ligado a la atención de una serie de recomendaciones hechas por esta agencia de las Naciones Unidas que deben observarse antes de implementar un plan piloto. Estas recomendaciones tienen el propósito de evitar los errores de experiencias pasadas, para garantizar que se contrata una solución con la tecnología adecuada.

Es por eso que ningún Estado que, hoy en día, quiere implementar el uso de estos dispositivos debe ignorar el proceso de ensayo y error en la región. En muchos casos se compraban brazaletes que eran chatarra barata y que los agresores burlaban quitándoselo con jabón, cortándolos con cuchillo, cubriéndolo con papel aluminio para evitar la conexión, provocándole una sobrecarga al conectarlo a una batería de auto, instalándole un cable a la caja para salir del perímetro o utilizando un interruptor de señal.

Panamá, donde ya hay iniciativa para retomar el tema de proteger a las mujeres víctimas de la violencia con brazaletes electrónicos, también debe aprender la lección de su uso en países del área. Es por eso que preocupa que el Gobierno panameño pretenda comprar los brazaletes en un baratillo. Esto si se analiza el precio de referencia del acto de licitación que ha anunciado para la compra de mil kits (dos unidades por kit). El precio de referencia es de $10.198 millones, es decir $4.72 por unidad por día ($10.198 mm entre 2 mil unidades entre 36 meses entre 30 días igual $4.72 por unidad).

¡Esto es una ganga! Y, como se dice, si es el precio es exageradamente bueno es casi seguro que el producto sea deficiente.

En todos los países del área donde se han adquirido dispositivos, en los últimos tres años, el precio ha sido hasta cuatro veces mayor a este. Costa Rica, por ejemplo, tiene un plan piloto, con financiamiento del BID, por un precio unitario de $17.00 diarios.

El otro vecino, Colombia, compró 4 mil 500 unidades a $9.50 diarios, en este caso porque el Estado adquirió los aparatos, pero instaló, a sus costes, los centros de monitoreo.

En San Martín se adquirieron en $20 por unidad por día y en República Dominicana a un precio unitario de 15 dólares diarios.

La licitación en Panamá debe hacerse sin pausas que permitan más mujeres víctimas de violencia, incluyendo homicidios, pero sin prisas que conlleven a la adquisición de brazaletes con tecnología obsoleta que no resuelvan nada, lo cual agregaría el problema de buscar responsables por esa compra.

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