JUSTICIA

¿Quién restaurará nuestra confianza?

“En lo que queda de campaña seguiremos viendo el triste espectáculo de que en cada obra inaugurada, con bombos y platillos, hay sobrecostos y coimas difíciles de comprobar, por lo que quienes desaprobamos esos asaltos a la cosa pública quedamos expuestos a que se nos conmine a mostrar las pruebas. En todo caso, debería ser lo contrario, es decir, que quienes se han hecho millonarios y comprado bienes de lujo con el pinche salario de diputados, tendrían que mostrarnos el origen su riqueza”. Esto lo escribí el 5 de febrero de 2014, en un artículo publicado en este mismo diario.

Lo que en aquel momento era parte de una arriesgada conjetura, hoy se confirma con los arrestos, denuncias y los prófugos del presente. Y aunque la ley les concede la inocencia hasta que sean juzgados, me mantengo en mis señalamientos, ahora más que antes.

Casi a diario vemos en la televisión o leemos reportajes sobre los casos de muchos panameños y panameñas que viven en deplorables condiciones. Esa triste realidad habla no solo de la injusta distribución de la riqueza, sino también de los efectos perniciosos del latrocinio del erario público. El asalto a los fondos, generados por nuestros impuestos, priva a la población más desprotegida de mejores escuelas, servicios de salud de calidad, carreteras en buen estado y mejores viviendas

A pesar de que estas situaciones son consecuencia del mal manejo que viene de arrastre administrativo de diferentes gobiernos, ahora esperamos que se haga justicia. Y esta debe ir en dos direcciones fundamentales. Primero, para la recuperación y confiscación de todos los dineros desviados, y para la privación de libertad de quienes, a mansalva, han pretendido burlar la confianza y la buena fe que depositamos en ellos en las urnas.

Preocupa también el legado que damos a niños y jóvenes, pues si no hay certeza de castigo, les estaríamos enseñando a mentir, timar, tomar ventaja en sus compromisos con los demás, copiar en sus exámenes y cometer abusos en sus relaciones interpersonales. La debacle de los valores sería total y estaríamos sumidos en un caos moral, participando de la autodestrucción de la sociedad.

Para prevenir ese escenario fatal es deber de todos exigir que los procesos abiertos lleguen a su fin, que se condene o exonere de culpa a los funcionarios públicos, políticos y comerciantes, a los que la mayoría del pueblo percibe como ladrones, pillos, piratas, corsarios y desfalcadores.

La pregunta que nos hacemos es ¿quién rescatará los dineros desfalcados? y lo más importante ¿quién restaurará nuestra confianza en las instituciones de justicia?

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