JUSTICIA IGUAL PARA TODOS

El resto del iceberg: Lucas Verzbolovskis

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Las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre el supuesto enriquecimiento injustificado de un magistrado de la Corte Suprema son un hecho extremadamente grave. Su imputación es igual de grave, pero al mismo tiempo resulta reconfortante.

Nadie quiere que este caso se convierta en un circo romano ni en un reality show, lo que se busca es confiar en la justicia, cuya credibilidad es baja, tal como se refleja en los índices de medición internacional en los que la justicia de Panamá sale muy mal calificada. La realidad es que desde hace tiempo el país clama por que se aclaren varios casos de presunta corrupción o aquellos que se conocen por la investigación de los medios.

Los ciudadanos esperan que alguna autoridad investigue, a profundidad, el caso del magistrado y otros que casi a diario se conocen. La ciudadanía también exige que se juzguen de forma expedita. Lo interminable de los procesos escritos es otro blanco de críticas, y es por eso que, aun siendo poco conocido, el sistema penal acusatorio cuenta con amplio respaldo.

El Órgano Judicial tiene ahora la gran oportunidad de mostrarle al país lo expedito y efectivo que es. El caso que maneja puede ser simbólico en tres áreas: se supone que será el primero de varios enjuiciamientos por corrupción de funcionarios públicos de alta jerarquía; el primero en el que se aplica el sistema penal acusatorio en la capital, y le da una oportunidad a la Asamblea Nacional para que limpie un poco su afectada imagen.

Ojalá los abogados no transfieran al nuevo sistema las tácticas dilatorias que suelen utilizar. Considero que solo jueces expertos, conocedores de la ley e inflexibles, sabrán impedir esas tácticas y evitarán la supuesta defensa que se vio durante la comparecencia del magistrado investigado. Del mismo modo, tendrán que asegurarse de que los diputados juzguen el caso con base en la evidencia, y no se vuelva un caso de pulseo político.

Un aspecto nocivo de la falta de credibilidad en la justicia es que los rumores –reales o imaginarios– surgen y se riegan con rapidez. Los sobornos y cuantas medidas se utilicen para ejercer influencia sobre algún funcionario, juez de primera instancia, de instancia superior o hasta de la Corte Suprema, se vuelven temas del hablar diario.

Con justificada alarma, el público se siente afectado y el resultado es que los involucrados son “condenados” por el tribunal de la opinión pública. Nadie se siente seguro ante la falta de justicia, que se complica por las evidentes señales de riqueza recién adquirida, con total impunidad, por los funcionarios bajo sospecha. Se supone que todos los que hacen parte de ese entorno saben quién es serio y quién no; quién recibe sobornos y quién no. La triste realidad es que gran parte de la población ha sufrido o conoce cuentos sobre uno que otro fallo modificado por la influencia de los sobornos. Sin embargo, probarlo es difícil. También se ha oído hablar de abogados, ejecutivos y empresarios que consiguen enormes dádivas por el supuesto pago de sobornos. Y como si esos actos delictivos, falta de transparencia y de investigación no fueran suficientes, hay que tragarse el teatro de algunos conocidos abogados que, con cinismo, muestran “indignación” por la supuesta falta de ética y raro proceder del magistrado imputado por recibir pagos en efectivo.

Desafortunadamente, con la misma seguridad y celeridad con la que se ventilan esos rumores imaginarios o verdaderos, también se afirma que aquí no pasará nada. Aun así, se respira mejor. La mayoría de la población mantiene la esperanza de que se empiece a hacer justicia. Eso incluye a muchos funcionarios honrados. Sin embargo, este proceso genera interrogantes, por ejemplo: si lo declaran culpable de corrupción, ¿cómo quedarán los fallos del magistrado imputado? ¿Serán revisados y cambiados o se mantendrán? Se entiende que un solo magistrado no hace mayoría cuando se emite un fallo de la Corte Suprema, por esto, de ser declarado culpable, ¿qué pasará con los demás magistrados? ¿Y los responsables e intermediarios de pagar esos sobornos quedarían automáticamente condenados o deberán ir a juicio bajo otra autoridad y sistema? Como vemos, las implicaciones del fallo forman una verdadera telaraña.

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