DESCENTRALIZACIÓN

Sobre la revisión de la Ley 37: Yon Millán Albistegui

Los próximos días, con la reactivación de la actividad legislativa y el inicio del nuevo curso parlamentario, se retomarán las diferentes iniciativas. Uno de los temas que, parece ser, ocupará un lugar en la agenda parlamentaria será el de los debates para la revisión de la Ley 37 de 2009, “que descentraliza la administración pública en Panamá”.

Hoy día, Panamá presenta un crecimiento del 6% del producto interno bruto, según las proyecciones que ha hecho de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para este año 2015, es el país con un mayor crecimiento de América Latina. Las nuevas oportunidades y retos con la ampliación del Canal, a partir de 2016, así como la consolidación como centro logístico multimodal sitúan, una vez más, al país en el centro del mapa geoestratégico mundial.

La trascendencia de los debates y la incorporación en la agenda política nacional de la descentralización es un tema vital para generar, precisamente, una mayor integración territorial. Al tiempo que se convierte en un instrumento de naturaleza política que tiene como objetivo dotar de recursos y competencias a las entidades locales.

Los procesos derivados de una reforma normativa de cara a las nuevas dinámicas de articulación institucional es un debate que ha sido postergado en el tiempo. Ahora la realidad nos presenta una coyuntura ideal que permite plantear la cuestión de la descentralización como la oportunidad de generar nuevas dinámicas territoriales, a través de una reforma normativa que abra cauces de participación ciudadana y ayude a construir una agenda territorial que impulse las políticas medioambientales, los instrumentos participativos de gestión del territorio, las experiencias de desarrollo económico local y los encadenamientos productivos, al tiempo que se le garantiza a los gobiernos locales una efectiva transferencia de recursos y competencias.

La “territorialización” de las políticas públicas es la clave para lograr mayor equidad territorial en el desarrollo nacional, y que la disparidad en la redistribución del ingreso pueda ser compensada con una inversión pública en los lugares en que se articulen, a través de la centralidad del municipio, como espacio de concertación y participación ciudadana.

La revisión de la Ley 37 y su puesta en marcha es pues una oportunidad para impulsar un desarrollo equitativo y retomar el debate acerca de la importancia de fortalecer los gobiernos locales, como actores protagonistas que apliquen estrategias de cara a ese propósito.

El debate está sobre la mesa y la oportunidad servida para construir una agenda política territorial, que impulse una estrategia de desarrollo humano sostenible desde lo local.

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