El rol de los órganos del Estado: Antonio Saldaña

En medio de las fiestas de fin de año, la controversia surgida entre los representantes de dos órganos del Estado ha pasado casi que inadvertida por la opinión pública. Me refiero al intercambio epistolar entre el mandatario de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por un fallo de la Sala Tercera que condenó al Estado a pagar a una empresa constructora $5.4 millones de indemnización, por el incumplimiento de un contrato que originalmente era de $269 mil. En efecto, en un fallo traído por los cabellos los magistrados Alejandro Moncada Luna y Víctor Benavides condenaron al PAN a desembolsar $5.4 millones a Java Inversiones, S.A., por rescindir un contrato que se adjudicó en 2003 para la reparación de una carretera en Colón, por un monto de $269 mil 505; esto es 20 veces la suma del contrato. Ello dio origen a que en un acto celebrado en las instalaciones del Senafront en Summit, el jefe del Estado expresara: “En este momento tuve oportunidad de encontrarme con el presidente de la CSJ, le ratifiqué mi inconformidad, como presidente de la República, al ver que en una demanda de un proyecto de $250 mil del PAN, dos magistrados de la Corte fallen contra el Estado por casi $5.5 millones”. La respuesta del magistrado presidente del Órgano Judicial no se hizo esperar: “Él habla de lealtad al Estado. Nosotros en el pleno de la CSJ lo hemos dicho antes. No hay ni un funcionario por encima de la Constitución y la ley, y eso abarca al Presidente de la República”. (La Prensa 27/12/2014). Hay que tener “carne de gallina” para no indignarse ante lo que parece ser un atraco al erario. Sin embargo, debo indicar que la pasión obnubila el pensamiento y los intereses los enceguecen. Eso parece haberle ocurrido al presidente Varela, porque no debe inmiscuirse en las decisiones del Órgano Judicial ni de la CSJ, menos si se trata de un fallo de una de sus salas. Constitucional y legalmente le corresponde a la CSJ, por vía de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo dirimir los conflictos derivados de “resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en el ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas y semiautónomas…”. (Art. 206 de la Constitución y 97 del Código Judicial). En todo caso a quien mandata la Carta Magna y la norma legal para emprender la defensa de los intereses nacionales es al Ministerio Público, específicamente al procurador de la Administración, quien no hizo su tarea en la defensa de los dineros del pueblo, tal y como lo instituye el Art. 220 de la Constitución y el Art. 5 de la Ley 38 de 2000, respectivamente. Alguien –consejero o asesor legal– le debió advertir al Presidente de lo imprudente, por decir lo menos, de dar su opinión respecto a la actuación de otro órgano del Estado, sobre todo, porque: “Las sentencias que dicte la Sala Tercera, en virtud de lo dispuesto en esta sección, son finales, definitivas y obligatorias; no admiten recurso alguno…”. (Código Judicial, Sección 5, Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, Ar. 97). ¡Así de sencilla es la cosa!

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