RECLAMO ILEGAL

Que no se salgan con la suya: Óscar Castillo

Las pretensiones de algunos ocupantes ilegales de los hangares de Diablo para que el Estado les indemnice con 8 millones de dólares por desalojar lo que nunca ha sido suyo, me parece francamente increíble. Argumentar que esa ocupación, eminentemente temporal, estaba amparada bajo los Tratados Torrijos Carter solo empeora la falta de seriedad de ese reclamo. En primer lugar, estos tuvieron su término el 31 de diciembre de 1999, por lo que es imposible invocarlos. En su momento, eso fue certificado por la Cancillería.

Por otro lado, es claro que esos tratados no aplicaban a los ocupantes ilegales de Diablo, quienes nunca han tenido derecho de propiedad en el área. Lo que señalaba el artículo IX era: “Los derechos de propiedad, como los reconoce Estados Unidos de América, de que disfruten las personas naturales o jurídicas privadas, en edificios y otras mejoras ubicadas en el territorio que constituyó la Zona del Canal serán reconocidos por la República de Panamá de conformidad con sus leyes”. Se trataba de un articulado dirigido claramente a estructuras como iglesias y organizaciones cívicas que ya poseían título de propiedad sobre sus terrenos.

Este no era el caso de los hangares temporales en Diablo, ya que el gobierno de la Zona del Canal, al expedir esas licencias de ocupación, nunca reconoció derecho de propiedad alguno porque entendía que eran tierras para operación de la vía acuática. En ese sentido, las licencias fueron claras al indicar que el autorizado estaba obligado a desalojar el área a solicitud del otorgante, y que no tendría derecho alguno a reclamar pago, reembolso o indemnización.

La historia de los hangares comenzó en la década de 1960, cuando el gobernador de la Zona, molesto por la nutrida presencia de botes en las calles de los barrios residenciales, decidió otorgarles a sus propietarios un espacio temporal en Diablo. Esa licencia hacía énfasis en el carácter temporal de la ocupación y advertía de que podría reclamar las tierras, sin riesgo de ningún tipo de indemnización por parte de los ocupantes temporales. Esos permisos y licencias, de todo tipo, dejaron de tener validez bajo el régimen panameño (si no, todavía tendríamos a los zonians reclamando edificios).

Lo que ocurrió después fue que el juega vivo se encargó de distorsionar todo. Las licencias temporales, que no se podían transferir, fueron utilizadas como instrumentos de negocio, mediante alquiler y venta de bienes. Se establecieron en tierras del Canal negocios, talleres y toda una actividad de subarriendos a la libre, sin los impuestos que sí hemos tenido que pagar el resto de los panameños. Será interesante, también, que se investigue cómo fue posible que se conectaron allí servicios de agua, electricidad y cable.

Las generaciones que lucharon por la recuperación de las tierras que nos fueron despojadas por Estados Unidos no lo hicieron para que unos cuantos traten de sacar provecho. No es posible que se impida, por caprichos, el mayor uso colectivo de esas tierras. Por una vez, no dejemos que los de siempre se salgan con la suya.

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