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El cuento de la seguridad nacional: Osvaldo Saúl Atencio Saldaña

Cuando escuché, a través de medios de comunicación, que el Sr. José Raúl Mulino alegaba razones de seguridad nacional para no hacer públicos los términos y condiciones del contrato de adquisición de radares y otros equipos, miré su rostro y no pude evitar un ataque de risa frente a una escena de película barata de la guerra fría.

Al mejor estilo de los grandes escándalos de la CIA y la KGB, el Sr. Mulino trató de esparcir una bomba de humo cegadora sobre la nación que no surtió efectos, dado los fuertes vientos provenientes de Italia y los que soplan de sur a norte sobre el Casco Antiguo, porque el problema radica en tres puntos que solo se pueden dilucidar analizando los términos y condiciones del contrato: ¿Por qué pagamos un precio superior al que realmente tiene en el mercado el producto? ¿Por qué cobra comisión un intermediario en una transacción que, por su magnitud, especificaciones técnicas y urgencia, se ha realizado por compra directa? Si se alegó que fue una transacción entre Estados, ¿por qué se buscó un banco extranjero para el financiamiento y cómo pagaría el Estado panameño la deuda?

Esta película debe terminar con el imperio de la Constitución y la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 (Gaceta Oficial No. 24,476 de 23 de enero de 2002) Que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de hábeas data y dicta otras disposiciones, y que no incluye como información de “acceso restringido” los contratos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado o sus instituciones, porque no hay ley que haya circunscrito este tipo de contratos al exclusivo conocimiento del Presidente de la República y el Consejo de Gabinete, como se desprende de su Art. 1, numeral 7. Tampoco son de acceso restringido las actas del Consejo de Gabinete que contienen discusiones o actividades relacionadas con la aprobación de contratos, según el numeral 8 del Art. 14 de la comentada ley.

La seguridad nacional no se afecta con la rendición de cuentas sobre los gastos de fondos públicos, al país no le interesa la información sensitiva sobre el uso o ubicación geográfica de los equipos ni detalles técnicos de su vulnerabilidad u eficiencia o poder de fuego y logística en el caso de helicópteros y otros aparatos bélicos. Lo que nos interesa saber es por qué, teniendo la obligación legal por mandato del Art. 12 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, de obtener el mayor beneficio para el Estado y el interés público, se pagan a sobreprecios los productos; se pagan comisiones secretas y cómo se dieron los mecanismos para lograr tales fines, para que así se pueda investigar las responsabilidades penales y administrativas y si hubo lesión patrimonial, lo que en todo caso recaería sobre todo el Consejo de Gabinete por ser el que debió aprobar el contrato, en virtud del monto, y los que hayan resultado beneficiados directa o indirectamente por la transacción.

Se comentó, cuando el escándalo del Cemis, que en los pasillos de la Asamblea se gritaba: “Aquí hay mameyes”, ¿qué estarán gritando en los pasillos del Palacio de las Garzas y del Ministerio de Seguridad Pública en los últimos días?

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