COMPROMISO DEL ESTADO

El futuro de nuestra seguridad social: Salvatore Bacile Ladaris

Recientemente, un diputado de la Nación hizo una breve reflexión en este mismo medio en torno a las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), a la luz de los recientes acontecimientos públicos, específicamente, en torno a la venta de las acciones del Estado en varias empresas mixtas.

El tema servido me permite hacer un llamado de atención con respecto al reciente compromiso adquirido por el Estado de garantizar la sostenibilidad del Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la CSS, en virtud de un acuerdo interinstitucional celebrado a mediados de 2011.

Tal como lo señala este acuerdo, el Estado adquiere la responsabilidad de iniciar en el mes de junio del año 2011 los estudios requeridos para determinar el monto agregado, que a partir del año 2012 deberá consignar el Estado como contribución adicional al Fondo Fiduciario para la CSS, de forma que le permita garantizar la sostenibilidad del subsistema exclusivamente de beneficio definido del Riesgo de IVM.

Sin embargo, el compromiso del Estado no solo se limita a garantizar la sostenibilidad de este riesgo, que ya de por sí es una obligación financieramente monumental, sino que sorprendentemente también adquiere la obligación de cubrir el costo de los aumentos de las pensiones ya otorgadas por esta administración en 2011, sin que mediara ningún estudio actuarial sobre sus efectos financieros, así como sobre los aumentos que se otorguen a futuro y cuyo monto y efecto quedarían por cuantificar.

Lejos de alegrarme al ver los problemas financieros del IVM solucionarse con este magnánimo compromiso adquirido por la alianza Cambio Democrático–arnulfismo, mi primera reacción fue de suspicacia y luego de temor. Suspicacia, pues responsablemente el Estado no debería alegremente aumentar las pensiones y como consecuencia asumir la carga previsional del IVM, sea cual sea su costo, sin haber primero analizado meticulosamente su impacto financiero.

Temor, pues parecía que el acuerdo, más que tener la real intención de resolver el problema de raíz, estaba enfocado a resolver la dificultad inmediata asociada al aumento de pensiones otorgado en virtud de la Ley 70 de 2011 y diferir el problema de fondo, trasladando esa responsabilidad a futuros gobiernos.

Hoy me queda claro, que esos temores estaban bien fundados. El desmedido aumento de la inversión pública con cargo a los ingresos corrientes, incluidos los proyectos llave en mano y la venta del patrimonio nacional, dejan claramente al descubierto la maliciosa intención original de dejar al próximo gobierno, el que fuere, con un país endeudado a niveles nunca antes vistos, disminuyendo con ello su capacidad de gestión, para luego capitalizar políticamente ante tal coyuntura, alegando ineficiencia e incapacidad.

Esto es tanto así, que a pesar de que en julio de 2011 el Gobierno central adquirió este compromiso para con los asegurados, este no se ha cumplido en lo absoluto, pues nunca fue su intención cumplirlo. Según cifras estimadas del Departamento Actuarial de la CSS que forman parte del último informe presentado por la Junta Técnica Actuarial, el aporte adicional que debe hacer el Estado a partir del año 2012 para cumplir el compromiso adquirido, está por el orden de los 430 millones de dólares anuales frente a los 140 millones de dólares que contempla la Ley 51 a partir del próximo año; sin embargo, ni en el presupuesto del año 2012 ni mucho menos en el anteproyecto de presupuesto del año 2013, y no hay que ser vidente para saber que tampoco en el presupuesto del año 2014, se han consignado ni se consignará ni un centavo para cumplir con este compromiso, dejando en clara evidencia cómo se ponen en riesgo las pensiones presentes y futuras, así como el traslado de una crisis de la seguridad social a futuras administraciones.

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