OBLIGACIONES

La ética de los servidores públicos: Carlos Ayala Montero

En una escala ascendente y sin precedentes, haciendo honor a la consigna “más en 5 que en 50”, los servidores públicos de alta jerarquía publicitan escandalosamente su gestión, aduciendo que lo han hecho mejor que todas las administraciones anteriores; que el país ha salido del tercer mundo gracias a su gestión; que el crecimiento económico y el consecuente reconocimiento internacional se deben, exclusivamente, a su gestión, dejando en la mente de los receptores de tales mensajes la idea de que merecen ser reelectos para seguir gobernando cinco años más, aunque por otra parte dicen que “no son políticos”.

Frente a esta parafernalia es importante recordar que es obligación de los servidores públicos, de cualquier jerarquía, servirle al pueblo, y que las autoridades electas no lo fueron para darse la gran vida y administrar el Estado panameño con los criterios que le vengan en ganas, sin considerar siquiera la ley y, muchas veces, la moral y la ética.

En la Gaceta Oficial No. 23,199 del 20 de diciembre de 2004, se publicó el Código de Ética de los Servidores Públicos, en donde se indica que todos ellos están obligados a laborar con base en los principios de probidad (actuar con rectitud y honradez, procurando el bien general y desechando todo provecho o ventaja personal); con prudencia (actuar con la diligencia de un buen administrador respecto de sus propios bienes); con justicia (reconocer los derechos del ciudadano frente a la administración); con templanza (respeto y sobriedad en el ejercicio del cargo y evitar ostentaciones); con idoneidad (aptitud técnica, legal y moral); con responsabilidad (cumplir cabalmente sus deberes); con transparencia (garantizar acceso a la información gubernamental); con igualdad (no discriminación o privilegio en la gestión gubernamental); con respeto (honrar a la persona humana, sus derechos y libertades), y con liderazgo (expresar con el ejemplo, la aplicación de estos principios).

Esta norma no autoriza golpear a las personas, insultar por la redes sociales, dilapidar los fondos del Estado, esquivar la rendición de cuentas, promover la impunidad, asaltar los derechos ciudadanos, criminalizar las protestas, denigrar a los ciudadanos, actuar con cinismo, legislar en función de los intereses de las minorías, ignorar el clamor popular, intentar imponer normas a sangre y fuego, comprar sumisiones, descalificar al que piense distinto, mentir, decir una cosa y hacer otra y, sobre todo, gastarse el dinero del erario para difundir el cumplimiento de las obligaciones que deben realizar (obras), de manera malsana, ocultando lo feo y exagerando lo bueno.

Hacernos creer que el país ha avanzado, gracias a una sola persona y una sola administración, es el punto sublime de una campaña publicitaria prohibida, por la razón y negada por los principios éticos del código descrito. Documento que nuestras autoridades actuales debieran releer y aplicar o derogarlo, expresamente, y así nadie les acusaría de actuación ilegal o inmoral.

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