JUSTICIA

Un sistema incomprendido: Raúl E. Olmos E.

Recientemente, en el diario de circulación nacional adepto al gobierno, de manera infundada, se volvió a recriminar la eficacia del sistema penal acusatorio. Lo bueno de ese texto noticioso es que su contenido carece de bases sólidas y científicas que sustenten esa posición, más bien responde a una reacción que proviene del desconocimiento de los resultados de la ley en las provincias en las que funciona el nuevo esquema procesal.

Lo cierto es que desde que entró en vigencia, las personas tienen respuestas prontas y oportunas, y los operadores jurídicos, pese a las insuficiencias materiales y humanas para hacer su trabajo, atienden con esmero y mística los conflictos que son sometidos a su conocimiento.

Como cuestión real, vemos que una persona que comete un delito, en pocos días o meses recibe la decisión que resuelve su situación jurídica; ello en virtud de mecanismos procedimentales efectivos, como los procesos simplificados y los acuerdos. Por otro lado, los jueces, sean municipales, de garantías o de juicio oral, y los magistrados de apelaciones, emiten decisiones en la misma audiencia, de forma que cuando abandonan ese escenario no tienen casos pendientes en su despacho, con lo que desaparece la mora judicial.

Se trata de un modelo de juzgamiento que no está diseñado para prevenir la criminalidad, pues eso es tarea de los estamentos competentes. Si la delincuencia ha aumentado, ello obedece al fracaso de la política criminal que no es sostenible ni sostenida. Atribuir esto al sistema penal acusatorio más bien denota poca seriedad e irresponsabilidad, pues genera desinformación sobre uno de los pocos servicios públicos que tiene resultados positivos y plausibles.

Durante la implementación de la Ley 63 se tendrán que hacer algunos ajustes, pues el arte de impartir justicia es imperfecto. Es esencial que la Comisión Interinstitucional de alto nivel, creada en el año 2009, asuma su rol, responsabilidad y encare los retos que supone el nuevo modelo de juzgamiento y que abandone la apatía o desinterés en el tema, pues solo afectan a la población, generalmente la más humilde del país, que es la principal usuaria del sistema. Solo de este modo se podrá entrar con fortaleza a los distritos judiciales en los que resta por aplicar el nuevo sistema y, con ello, dotar al país de una respuesta judicial distinta a la inquisitiva que aún rige en Panamá, Chiriquí, Bocas, Colón y Darién, donde los tribunales están atiborrados de expedientes y los centros carcelarios hacinados de presos preventivos, en espera de que un juez atienda su caso, y cuya situación no se aprecia en el esquema acusatorio.

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