ASAMBLEA NACIONAL

Una tarea pendiente: Elpidio J. González A

La pasada huelga médica, que se extendió durante más de un mes, confirmó una de las mayores deficiencias de la democracia en Panamá. Me refiero a la inoperancia de la Asamblea Nacional.

Parece que llueve sobre mojado cuando menciono un conflicto ya superado y resuelto. Sin embargo, para que haya progreso y evolución en nuestras instituciones democráticas, es imprescindible que identifiquemos los errores cometidos y realicemos los ajustes necesarios en pos de un mejor sistema de gobierno para todos.

Por ello hago énfasis en la figura de la Asamblea Nacional, cuya labor parece estar muy por debajo de lo que actualmente exige nuestro país. Solo hace falta analizar la ley que provocó el descontento de los profesionales de la salud y compararla con la posterior medida que puso fin a las protestas. De inmediato, saltarán a simple vista lagunas y limitaciones en el texto inicial que explicarán el porqué de las manifestaciones.

No se necesita ser un experimentado jurista para advertir los defectos que señalo. Basta leer el artículo 31 de la Ley 89, que modifica todos los artículos de la Ley 69 y complementa la medida adicionando 12. Considerando que la última legislación contiene los cambios que los protestantes solicitaban, se concluye rápidamente que la primera propuesta estaba lejos de satisfacer a los sectores afectados.

Por otro lado, con la aprobación de la Ley 89 se incluye a un mayor número de instituciones públicas –como el Ifarhu, Senacyt, Meduca y las universidades oficiales– en la búsqueda de una solución al delicado problema del déficit de profesionales en las áreas apartadas; estrategia que, manejada de manera eficiente, redundará en un impacto positivo para la nación. No está de más decir que este punto se abordó de manera tímida y solapada en la Ley 69.

La confrontación de hace algunos días –y otras, tanto en este gobierno como en anteriores administraciones– son consecuencias totalmente atribuibles a la falta de consenso en la creación de leyes en Panamá.

El procedimiento que ejecuta la Asamblea Nacional es simple: se propone un anteproyecto de ley al pleno de diputados, el mismo se discute en tres debates, se aprueba y, finalmente, es sancionado por el Presidente, para convertirse en Ley de la República. En este proceso, la voz de las organizaciones civiles parece no tener eco ni participación. Solo por medio de rebeliones y demás, los ciudadanos pueden hacerse sentir.

¿De modo que cada nueva ley provocará el malestar, las pérdidas económicas e incluso la pérdida de vidas humanas que acarrean protestas como la reciente?

En vez de especular sobre la pregunta anterior, es necesario crear un mecanismo de debate verdadero, que impida cualquier tipo de arbitrariedades y produzca leyes afines a las necesidades reales de la población. Democracia y consenso dependen uno del otro para existir y ya es tiempo de que los ciudadanos exijamos nuestro lugar en uno de los procesos democráticos más indispensables: la creación de leyes para el beneficio de todos.

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