CÓMPLICES

La todopoderosa corrupción: Andrés L. Guillén

La corrupción crea y multiplica su propia realidad, o sea que la acomoda a su gusto y la extiende donde puede, especialmente la que vemos y toleramos a diario en los sectores público y privado panameños, sino ¿cómo explicar la impunidad perenne de tantos delitos económicos y políticos en nuestro país?

La resistencia a su erradicación así parece comprobarlo, pues ejemplos de mal uso del poder en beneficio propio sin castigo alguno abundan en nuestra historia nacional, desde la época hispana hasta el presente.

Este mal de estirpe muy antigua y universal goza de una aceptación generalizada en Panamá, tal vez porque los actores principales promueven una versión contraria a la verdad que disimula y esconde la nocividad de este cáncer social.

La palabra proviene del latín corruptus con significados tan variados como romper, quebrar, arruinar, sobornar, echar a perder y violar, conceptos nada halagadores ni aceptables en comunidad alguna.

Su uso aquí por los políticos de turno tiene múltiples propósitos, pues a pesar de que Panamá es un Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y esto lo obliga a su erradicación, todos los gobiernos, incluyendo el presente, la convierten en fuente inagotable de creatividad para adecuarla a su uso particular.

Por ejemplo, en el caso de corrupción política, la Asamblea Nacional recientemente modificó el Código Procesal Penal (ver Ley 55 de 2012) para blindar a los diputados aún más del castigo por actos delictivos y policivos; además, la falta de divulgación y rendición de cuentas en el financiamiento electoral privado asegura que no existan topes ni controles ni transparencia en todo este proceso tan emblemático de nuestra democracia.

El juzgamiento mutuo que se hace ese binomio de muchas cabezas, conformado por la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, crea circunstancias aptas para la corrupción judicial que no fortalecen el imperio de la ley, sino muy a lo contrario, fomenta la impunidad de estos protagonistas, más aún cuando todo el sistema judicial carece de recursos y de independencia.

Las modificaciones hechas a la ley de contrataciones públicas (Ley 22 de 2006) al crear “licitaciones por procedimiento excepcional” acomoda a su propio gusto la posibilidad de corrupción institucional y permite la participación fraudulenta del sector privado en actos públicos, mediante los cuales funcionarios corruptos se dan la mano con las empresas favorecidas, pues no se controla la forma en que se elige a estos particulares, amén de que no hay leyes que rijan o sancionen conflicto de intereses.

Tenemos, por supuesto, nuestra propia Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y la Academia Regional Anticorrupción (ARAC) de las Naciones Unidas, ambas bajo el patrocinio y control del Ministerio de la Presidencia, como también varias dependencias igualmente controladas de la Contraloría General de la República, por ejemplo, la Oficina de Denuncia Ciudadana, el programa Diálogo Nacional para la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, y la Oficina de Ética, estamentos que deben prevenir, detectar y procesar la corrupción.

Pero la todopoderosa corrupción sigue permitiendo abusos de poder y autoridad en beneficio propio, el mal uso de fondos públicos, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, todo esto sin sanciones administrativas ni penales.

La verdad es una, y la realidad creada por la corrupción otra, con la venia y aprobación de las autoridades y de la ciudadanía en general.

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