QUEJA CIUDADANA

El caos en el transporte público: José Domingo Samudio C.

En la década de 1970, los habitantes de la ciudad de Panamá se concentraban, en su gran mayoría, en los corregimientos de Bella Vista, San Felipe, Calidonia, Santa Ana, El Chorrillo, San Francisco, Carrasquilla, Juan Díaz, entre otros. Poco a poco, la ciudad se extendió hacia las afueras, al punto de que hoy, después de 40 años, ya casi no hay espacio para tantos pobladores en esas áreas.

En aquel tiempo el movimiento comercial se concentraba en la vía España, Calidonia y la avenida Central, ruta de las famosas “chivitas”. Eran buses pequeños, pintados coloridamente, que brindaban un perfecto servicio a los habitantes de la pequeña ciudad de Panamá.

Recuerdo que en 1971, mis padres residían en el barrio de La Locería. Yo tenía siete años y ya podía leer el letrero ubicado al frente de las chivas que decía: “Catedral–Loma de la Pava–Locería”. Mis amigos de infancia y yo saludábamos a los choferes y, cordialmente, recibíamos un gran saludo en reciprocidad. ¡Qué tiempos aquellos! La educación y la decencia eran las principales cartas de presentación de los conductores de esos buses.

A inicios de esa década, también se concluía la construcción de la vía Ricardo J. Alfaro, conocida como la Tumba Muerto, que ayudaría a desalojar el congestionamiento de la vía Transístmica y que sería parte vital en la extensión de la ciudad. Se construyeron barriadas como La Alameda, El Dorado, Villa de las Fuentes y El Bosque. La ciudad crecía sin parar y aparecieron Santa Clara, Villa Lucre, El Crisol, San Pedro No. 2, Cerro Viento y San Antonio.

Se necesitaban nuevos medios de transporte para movilizar a un gran número de pasajeros, y se fundaron los sindicatos de transportistas que crearon las diferentes rutas de escape. Luego aparecen los famosos “diablos rojos”, que eran básicamente buses de segunda que compraban los transportistas. Al inicio, su funcionamiento fue casi perfecto, lograban cumplir con su cometido y la población estaba satisfecha por el servicio que recibía. Pasado un tiempo empezó a desmejorar, al punto que los conductores no respetaban las leyes de tránsito, los propietarios dejaron de darle mantenimiento y, prácticamente, eran una trampa de muerte.

Los sindicatos de transportistas eran dueños de las reglas, no les importaba nada con nadie, y se convirtieron en los “zares del negocio”. La población de la capital exigía, a gritos, un cambio, porque los atropellos, los accidentes y las carreras entre los buses eran el pan de cada día.

El 23 de octubre de 2006 ocurrió la tragedia de La Cresta, cuando un autobús se incendió y causó la muerte de 18 pasajeros. Este accidente marcó un cambio al demostrar el colapso evidente del sistema de transporte público. Los ciudadanos se unieron, alzaron sus gritos de protesta y se inició el proceso de extinguir el mal de los “diablos rojos”. El gobierno anterior dejó, por escrito, las pautas del cambio y el actual finiquitó el proceso.

Luego nació el Metro Bus –con más cosas malas que buenas– para reemplazar el arcaico sistema de transporte público. Debido a los fallos en la administración y la falta de seriedad de este nuevo sistema público de transporte, los vehículos particulares empezaron a brindar el servicio que pedían a gritos los usuarios. Sin embargo, esto supone un inmenso peligro, porque nadie sabe quién conduce los busitos piratas. No sabemos si son personas responsables; no sabemos si tienen seguros contra accidentes que cubran a los usuarios; no tienen permisos oficiales, no pagan impuestos. ¡No hay controles de nada!

En los últimos meses hemos visto en los noticieros, varios accidentes en los que han muerto inocentes ciudadanos en manos de los conductores del transporte pirata. Pero la sorpresa más grande que he observado es que este gobierno le da el permiso para operar sin ningún control.

¿Qué queremos, que se organicen estos grupos de transportistas y formen un monopolio? ¿Que tomen fuerza, como los extintos “diablos rojos” y vuelva esa pesadilla? ¿Que se le vuelva a pagar 25 mil dólares a los dueños con el dinero que sale de nuestros impuestos?

Hay muchas preguntas por responder, pero sabemos que nadie dirá nada ni presionará para que se den las respuestas. Por eso, como ciudadanos, exigimos que no se le otorguen permisos a los dueños de los buses piratas, y que este gobierno actúe con firmeza para que el servicio del Metro Bus mejore, en vez de estar tapando huecos y dando concesiones para que algunos hagan dinero. Seamos serios y estemos vigilantes para que no se repitan las malas costumbres en el servicio público de pasajeros.

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