REFORMAS

¡Una tregua, por favor!: Juan Manuel Castulovich

Las campañas políticas panameñas compiten con las más largas del mundo y, proporcionalmente, con las más costosas. Ricardo Martinelli no bien acababa de ganar las elecciones cuando anunció sus intenciones e inició su campaña para perpetuarse en el poder, y cosa no muy diferente ocurrió cuando Martín Torrijos las ganó y sus seguidores vaticinaban que gobernarían por varios lustros. El pueblo, que es más sabio, en ambos casos les bajó los humos y los castigó con sendas derrotas en las urnas.

Por eso, cuando un proceso electoral que nos saturó hasta la coronilla aún no termina, pues todavía está pendiente la proclamación definitiva de unos 15 diputados, y un nuevo gobierno apenas acaba de instalarse, es un contrasentido que ya se hayan comenzado a promover por el Tribunal Electoral y la denominada “comisión de reformas electorales”, nuevas reglas que regirían para el torneo de 2019, como si ese fuera el problema más importante y urgente que tiene por delante el país.

El nuevo presidente, hablando con propiedad, apenas está completando el equipo que lo acompañará en su gestión; ahora es cuando comienza a tomarle el pulso la situación real de las finanzas públicas y está en el proceso de dar forma y hacer efectivo un “Pacto de Legislatura”, que le permita avanzar en la concreción de algunos proyectos de leyes y medidas prometidas en la campaña electoral.

Desde luego, las frustraciones y desencantos acumulados durante el quinquenio Martinelli explican algunas impaciencias y también afanes prematuros de protagonismos; pero todo tiene su tiempo y lugar. Y el momento actual no es para insistir en priorizar temas que no son urgentes.

Las reformas al Código Electoral, para que ese instrumento sirva mejor a la pureza y eficacia del sufragio, son importantes; pero para las elecciones de 2019 faltan cinco años. En otras palabras, no son urgentes. Y algo similar ocurre con las reformas a la Constitución Política.

En cuanto a las reformas electorales, ha sido oportuno que el nuevo presidente de la Comisión de la Asamblea, que le compete el tema, el diputado del PRD Pedro Miguel González haya señalado que retomarán la discusión del proyecto de reformas electorales que fue desechado hace dos años por la bancada oficialista, después de haber avanzado hasta el segundo debate. Ante esa manifestación, es obvio que carece de sustento que el Tribunal Electoral, en paralelo, abra otro frente para insistir en la aprobación, sin alteraciones, del pliego original de reformas, lo que supondría dejar de lado todas las valoraciones, tanto positivas como negativas, que se hicieron entonces en los debates de la Asamblea y, algo más grave, negar a ese órgano su facultad constitucional de discutir y aprobar las leyes.

En lo concerniente a las reformas constitucionales, de haberse repetido el método utilizado en el año 2004, y aprovechado la coyuntura de la renovación de la Asamblea, era entendible la prisa para aprobarlas. Pero si las principales reformas, por su naturaleza, tendrían efectos políticos para 2019 y en adelante, esa urgencia no existe.

En las circunstancias en que se ha producido el cambio de gobierno; después del desbarajuste institucional que tomará tiempo enderezar; vista la necesidad urgente de sanear las finanzas públicas; y ante la impostergable necesidad de avanzar soluciones en la educación y la prestación de los servicios públicos, lo que el país demanda es un tiempo razonable para recobrar el aire. Introducir prematuramente los temas electorales o querer apresurar reformas constitucionales, sin entrar en consideraciones, que tendrán su momento, sobre los métodos para adoptarlas, no es lo más conveniente. El país y el nuevo gobierno necesitan una tregua y los panameños la merecemos.

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