PILAR DE LA INSTITUCIONALIDAD

El valor de la Defensoría del Pueblo: James E. Bernard V.

Me siento obligado a escribir estas líneas y retomar el tema de la Defensoría del Pueblo ante la opinión pública, como en varias ocasiones anteriores lo he hecho, tratando de apreciar en su contexto y de manera objetiva lo que parece una estrategia política dirigida a generar un patrón de descrédito de las instituciones que controlan y fiscalizan al resto de las entidades del Estado.

Fue bajo el período constitucional del presidente Ernesto Pérez Balladares que cristalizó la idea de crear la Defensoría del Pueblo en Panamá. La institución ya tenía raigambre regional en casi todos los países de Iberoamérica. En 1997 se creó mediante la Ley No. 7 y se eligió al primer Defensor del Pueblo. Este período tuvo la virtud de establecer los cimientos sobre los cuales se perfilaría esta oficina, con un modesto presupuesto para atender las primeras denuncias ante casos de violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos.

Mucho esfuerzo costó levantar el perfil institucional nacional e internacional que consolidara el carácter de órgano no jurisdiccional de control y vigilancia de la conducta de los agentes gubernamentales, para el cumplimiento de los derechos humanos, basados en el ejercicio permanente de una magistratura de la persuasión. Lo que sirvió para que, durante el período de Juan A. Tejada como Defensor del Pueblo, mediara ante una diversidad de situaciones conflictivas que enfrentaban a la ciudadanía ante el poder estatal y ayudó para que la estatura moral de la institución se elevara hasta llegar, en el año 2004, a ser reconocida en la Constitución Política de la República como un pilar de la institucionalidad panameña.

Como toda acción humana, esta es perfectible, y tiene mucho por hacer, aunque las últimas noticias que emanan de su sede causan perplejidad y desaliento para los promotores y defensores de los derechos humanos que seguimos convencidos de la necesidad y conveniencia de que los espacios de interlocución entre sociedad y Estado no pueden perderse, puesto que allí radica la esencia de la democracia a la que aspiramos, por cuanto la vigencia del estado de derecho requiere de organismos que aboguen por la dignidad humana como finalidad política de la nación.

Ya estamos en un período electoral que en el próximo año definirá el futuro inmediato del país político, lo que está pasando en la Defensoría no puede dejar de ser anotado como parte de los puntos de una agenda nacional de discusión con el propósito de corregir el destino por el que transitamos. Si existe algún interés en rescatar las estructuras básicas de la institucionalidad democrática, hay que pensar y actuar en serio contra lo que pareciera una estrategia orquestada para eliminar la fiscalización de la cosa pública y sumirla en el descrédito.

Le tocará a la próxima Asamblea Nacional elegir un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo que retome el esfuerzo de la transparencia en la gestión; capaz de llevar adelante una administración eficiente para el manejo de los recursos que le son encomendados; que permita que todos los sectores sociales y económicos, en especial aquellos más vulnerables del país, encuentren un espacio para ser escuchados; que levante la voz por todos y todas ante los desafueros que lesionan los derechos humanos en cualquier parte del territorio nacional.

Hay que insistir en que las actuaciones de la Defensoría del Pueblo deben estar revestidas de las virtudes cívicas de la transparencia y la honestidad. La institución y cada una de las personas que allí trabajan, empezando por el propio defensor o defensora, deben demostrar integridad profesional y elevada estatura ética que le permita ser baluarte de la dignidad humana; que su posición sea clara y diáfana ante los abusos de poder y las constante lesiones a los derechos humanos de todas las personas que habitan bajo el cielo istmeño.

Es un lujo que no nos podemos dar, permitir que se cierren las puertas de la que debe ser una casa para quien se sienta afectado, ante tanta inequidad y factores sociales y políticos de desigualdad. Esto solo abonaría el terreno para que fructifique el escenario de la violencia social y sería la excusa perfecta para aquellos que apuestan al retroceso, al caos y al descrédito moral del estado social y democrático de derecho.

Aunque por los últimos acontecimientos hay razones suficientes para el descontento, espero que se corrija el rumbo, que la Defensoría del Pueblo sobreviva ante el escándalo público que ha generado hoy la opacidad de su administración. Amanecerá y veremos.

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