LASTRE POLÍTICO

El valor de falsas promesas: Miguel A. Erroz G.

Los políticos repiten y reciclan, una y otra vez, promesas que no tienen la intención de cumplir. En general, los ciudadanos conocen sus trayectorias y, sin embargo, algunos les creen o fingen hacerlo, aun durante su gestión. Pasado el tiempo llega el desencanto. Aun así las promesas vacías persisten. ¿Por qué? Porque a pesar de que la experiencia advierte que no confiemos en ellos, para muchos esas promesas tienen un alto valor.

Un número significativo de ciudadanos se siente impulsado a contribuir con su tiempo, dinero o reputación con uno o más partidos políticos. Ellos raramente son motivados por su deber cívico o ideología. La razón de esto obedece más a su egoísmo: contribuyen e impulsan a candidatos específicos con la intención de comprar favoritismo, para así más tarde, ganar recompensas personales.

No obstante, buscamos justificar nuestras acciones. Y cuando contribuimos activamente con un candidato no queremos que ese apoyo se vea (ante los demás ni ante nosotros) como algo motivado por razones puramente egoístas. Queremos sentirnos bien con lo que hacemos.

La habilidad de alegar que nuestro candidato aboga por una buena causa o un bien social es invaluable para este fin. Por lo tanto, la retórica realiza una labor mágica para aquellos que se asocian con los partidos por lo que, en efecto, son razones egoístas. Les permite, en apasionadas conversaciones políticas, convencer a personas crédulas y, principalmente, a sí mismos de que están parados sobre una cima moral y democrática. En este sentido, el discurso vacío tiene un gran valor.

Sin embargo, es un error juzgar severamente a colaboradores políticos auto engañados. Claramente, las carreras y los negocios de muchas personas los hacen susceptibles a los alcances de un sistema clientelista y arbitrario. El bienestar para muchos no resulta únicamente del mérito, sino del favoritismo y la influencia. Entre estos están incluidos muchos servidores públicos, quienes para mantenerse o avanzar en sus carreras actúan como soldados del partido o parcializan sus decisiones profesionales. Similarmente, algunos empresarios compran influencia política para proteger sus negocios.

En el caso de los ciudadanos, incurrir en la compra de favores políticos se ha convertido en el único camino seguro a la justicia y seguridad. El hecho de saber que contribuir con intenciones egoístas está mal y que la retórica política es falsa, permite reprochar las acciones de otros, pero no cambia la necesidad de participar en esas actividades, cuando el derecho personal se ve amenazado y no se goza de acceso a una justicia imparcial. Es decir, pocos disponen de la fuerza de voluntad necesaria para resistir la tentación de protegerse.

Mientras el clientelismo atropella a un número considerable de personas, otras se abrigan con él, ya que les otorga privilegios y éxito económico, político o social. Entre estos individuos están los que siembran las semillas del engaño. Promueven falsedades con mucho éxito. Entre las más perniciosas, el concepto de que las elecciones son lo único que se necesita para alcanzar la democracia y la justicia; que la intromisión abusiva del Presidente se debe al estilo de gobernar, no a una estructura constitucional que concentra poderes excesivos en torno a una persona; que la actuación clientelista resulta porque la persona es mala, no porque tiene limitada fuerza de voluntad y la situación fue creada para quebrantarla; que, por lo tanto, la ciudadanía es la culpable, porque falla en elegir al gobernante “correcto”. En fin, discretamente enmascaran, legitiman y perpetúan el sistema que da vida al clientelismo y los privilegia.

Para eliminar el clientelismo es necesario desarmar el sistema que le permite al Ejecutivo tener un excesivo control sobre los estamentos gubernamentales; porque es esto lo que crea la necesidad de conseguir y la habilidad de otorgar favores arbitrarios con impunidad. Como ocurre en otras sociedades, se le debe conceder a los servidores públicos (jueces, fiscales, reguladores y otros) un alto grado de independencia estructural de los políticos, y así blindar su imparcialidad.

Entre las herramientas constitucionales necesarias para edificar la independencia está la de comisiones civiles (por ejemplo, asignada por los presidentes de universidades sin fines de lucro) que administren el empleo de casi todo funcionario mediante el sistema de mérito.

Como en las relaciones crónicas de abuso conyugal, hay quienes aplican la táctica de hacerle sentir a la víctima (la ciudadanía atropellada) que en ella está el problema. Aclaremos la realidad; el nudo del problema se origina con el uso de conceptos concebidos para enmascarar y legitimar la estructura actual, desorientando deliberadamente a las fuerzas de la ciudadanía para que nada cambie. El primer paso será zafarse de sus trampas cognitivas y después de las estructurales.

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