INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Lo que no se ve es importante: Ernesto Selman

Las regulaciones y decisiones en materia de políticas públicas tienen consecuencias sobre los procesos económicos, políticos y sociales. Los efectos de la intervención estatal se manifiestan no solo en un grupo de personas en el corto plazo, sino sobre toda la colectividad en el mediano y largo plazo. Las consecuencias inmediatas son más obvias para el observador; los efectos secundarios no lo son tanto.

Tanto economistas, políticos, como los organismos internacionales, insisten en “medir” la intervención estatal por medio de indicadores economicistas que no reflejan la realidad de las decisiones de políticos con intereses particulares, de oficiales gubernamentales ni del orden institucional imperante. En este sentido, el indicador más utilizado lo representa la “presión fiscal”; es decir, los recursos que recaudan los Estados en concepto de impuestos, tarifas y cobro por servicios, como proporción de la producción en una economía “medida” por el producto interno bruto (PIB).

Otros argumentan que lo más importante es considerar el gasto público en lugar de los ingresos, porque da una perspectiva más amplia de los recursos que manejan los Estados. Si el gasto público es mayor que los ingresos fiscales, se necesita deuda pública para financiar el déficit: estos serían recursos escasos generados por privados que dejarían de estar disponibles para privados. Obviamente, el gasto público representa una mejor estimación que los ingresos fiscales.

Pero los indicadores de ingresos fiscales y gasto público, como proporción del PIB, son insuficientes para conocer la incidencia del Estado, dado que las instituciones, regulaciones y políticas públicas imponen costos adicionales a los agentes económicos, que no se reflejan en los ingresos fiscales ni el gasto público. Por esta razón, distintos centros de investigación han desarrollado índices de libertad económica que incluyen esos indicadores, y otros elementos, para construir una aproximación de la incidencia del Estado; es decir, aproximarse al nivel de libertad económica. Sin embargo, nuestro argumento es que esos índices dejan de incorporar una serie de costos ocultos que deben asumir los ciudadanos por acciones y omisiones del Estado en cada país. Los datos que toman estos índices son los efectos que se pueden observar y medir, objetivamente, a través de estadísticas; es decir, lo que se ve en la economía.

Los efectos secundarios de la intervención estatal o “lo que no se ve” es más importante en países donde el orden institucional es débil, hay un alto nivel de discrecionalidad en la toma de decisiones públicas, sin rendición de cuentas efectivas, y se usa y abusa del poder político. Este es el caso de la mayoría de los de América Latina y el Caribe. Exceso de regulaciones que son cambiantes y no se aplican consistentemente, amplios mandatos que asumen los gobiernos para realizar ciertas actividades económicas, protección explícita e implícita de monopolios públicos y privados, interpretación de las leyes para acomodar intereses particulares, y manipulación de las monedas, provocando ciclos económicos y corrupción administrativa; son factores que contribuyen a elevar el costo de la vida a través de costos ocultos en la economía. Esto impide el desarrollo económico y social de los pueblos e implica un alto costo de oportunidad para los ciudadanos que buscan alcanzar sus fines y objetivos pacíficamente. Ese costo de oportunidad que asume la mayoría, al vivir con bajos niveles de ingresos y calidad de vida, es parte de los efectos nocivos de la intervención estatal.

Algunos se refieren a los “precios sombra” que genera la intervención estatal, porque los servicios públicos deficientes inducen a los ciudadanos a adquirir esos mismos servicios en el mercado privado (educación, salud, seguridad ciudadana y servicios judiciales), pagando sumas adicionales a los impuestos que consignan con ese fin. O, simplemente, los ciudadanos se ven imposibilitados de avanzar en términos económicos y sociales hacia un mejor nivel de vida, porque no pueden acceder a servicios públicos de calidad.

En resumen, los indicadores economicistas ampliamente utilizados en la actualidad no reflejan los costos que imponen instituciones deficientes, regulaciones excesivas, trabas burocráticas, malos servicios estatales, gasto público no prioritario, clientelismo, corrupción y políticas públicas que distorsionan la asignación de recursos escasos. Los ciudadanos asumen costos de oportunidad importantes, porque muchos de los recursos que se destinan a cubrir las deficiencias del Estado podrían utilizarse en actividades económicas productivas, creando riquezas y mejorando el nivel de vida de las mayorías. Los efectos nocivos de la intervención estatal no se ven a simple vista, esto es parte de lo que debemos corregir para lograr sociedades más libres y prósperas.

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