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EL MALCONTENTO

Se vence el plazo: Paco Gómez Nadal

Este fin de semana pasado ha nacido la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y 33 Estados han suscrito esta nueva fórmula de integración que da la espalda a Estados Unidos y que, supuestamente, debe fomentar las recetas propias a los problemas propios.

También es de esperar que esos estados, incluido el de Panamá, se tomen más en serio a la Celac que a otras instancias internacionales que suelen ignorar cada vez que no les dan la razón.

Brasil, por ejemplo, no ha pagado su cuota de la Organización de Estados Americanos (OEA) porque no le gusta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le haya llamado la atención por el desastre humano y ecológico que está provocando para llevar adelante la megarrepresa de Belo Monte, en el río Xingu (Amazonas).

Algo parecido le ocurre a Panamá, que quería que Guillermo Cochez presidiera la CIDH cuando el Estado del istmo es uno de los habituales en las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana, la última instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Mientras los gobiernos se ríen en la cara de la Comisión y de la Corte, los pueblos se las toman muy en serio porque son la única esperanza de justicia, la posibilidad de que los abusos sean tipificados y que los culpables aparezcan en sentencias internacionales ya que las justicias nacionales están abonadas a la impunidad y el descaro.

Es lo que le pasó a Jesús Vélez Loor. Este ecuatoriano fue detenido de forma ilegal en Tupiza el 11 de noviembre de 2002 y las autoridades de migración y de policía de Panamá lo sometieron a todas las vejaciones del catálogo de la inmundicia hasta que el 10 de septiembre de 2003 lo metieron descalzo a un avión y lo deportaron.

El 23 de noviembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su sentencia que condenaba a Panamá por detener ilegalmente, torturar y no respetar el debido proceso en el caso del migrante Vélez Loor. Lo que fue una sentencia histórica se debe cumplir y el plazo se vence en cuatro días: el 10 de diciembre.

La sentencia incluía una indemnización, el pago de una pequeña suma para tratamiento médico y el pago de las costas. También señalaba con claridad que se debían deslindar las responsabilidades en este caso a través de la justicia ordinaria panameña.

Esto último, la justicia, entra en el terreno de la utopía. Lo de la plata sería posible en un Gobierno en el que todo se soluciona con dinero, pero cuando se trata de derechos humanos parece que no hay tanta prisa.

El pasado 10 de junio, el embajador de Panamá en Ecuador le pidió perdón a Vélez Loor en nombre del Estado y le entregó los 7 mil 500 dólares en concepto de tratamiento médico. “Un migrante nunca debe ser tratado como criminal, la migración ilegal no es ningún delito, no está tipificada en el código de procedimiento penal”, dijo ese día Roberto Ruiz Díaz. Parece un avance, pero el embajador también se comprometió a entregar otros 26 mil 500 dólares de la indemnización el 14 de junio y, desde entonces, nada se ha sabido.

La sentencia de la Corte debería haber sido acatada en su totalidad antes del 10 de diciembre, que es cuando se cumple un año desde que fuera comunicada al Gobierno de Panamá.

Este podría parecer un caso particular, pero es bastante más que eso. Vélez Loor es solo la punta del iceberg, el inmigrante que se atrevió a luchar durante años hasta lograr justicia pasando por penurias y dolor. Recuerda él así aquellos días en los centros de reclusión: “(...) se castigaba a diario a los detenidos con garrotes y a veces la comida la derramaban en una esquina de la prisión donde se depositaba los excrementos humanos en bolsas... el hambre era poderosa y nos obligaban a comer el arroz contaminado con la suciedad...”.

Los derechos humanos no son negociables y su respeto no es una cosa que se pueda decidir. He visto con mis ojos el maltrato que se da a los migrantes retenidos en el limbo extrajudicial en las celdas que tiene la Dirección de Migración en Panamá. Mujeres con meses de prisión sin sentencia a la espera de que alguien pague su deportación; arbitrariedad, abusos, xenofobia, humillación.

Ser migrante no es ser delincuente, sin embargo parece que ser representante del Estado sí es un pasaporte para delinquir. Si un ciudadano no cumple una sentencia judicial, la paga. Si Panamá no cumple con la sentencia del caso Vélez Loor... ¿qué ocurrirá?

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