EL MALCONTENTO

La veta de la corrupción: Paco Gómez Nadal

El ser humano tiene ahora a su disposición todo tipo de gadgets tecnológicos que le hacen sentirse “evolucionado”, moderno, avanzado. Sin embargo, en lo fundamental no cambiamos ni tanto ni tan rápido. Seguimos amando con el mismo repertorio emocional, sabemos odiar partiendo del mismo instinto atávico que alimenta saña y guerras desde el inicio de los tiempos, y los políticos corruptos roban con el mismo descaro y con las mismas técnicas desde que existen.

A los políticos corruptos, desde que el Estado existe –en su forma absolutista o en su forma liberal–, les queda fácil robar tras la humareda del extractivismo y de las grandes obras de infraestructura pública. A mayor presupuesto, mayor tajada; a proyecto minero más dañino, más grande es la mordida del beneficio.

Por eso quizá, por lo repetitivo del repertorio, no me ha sorprendido lo de Financial Pacific y las jugadas de la familia presidencial para influir en los precios de unas acciones que les interesan más que los intereses nacionales. Por eso y porque ya se sabía hace un par de años –aunque no se lograba probar– que tras el sorprendente cambio de discurso del presidente-empresario sobre el tema de la minería una vez llegó a Las Garzas había intereses económicos poderosos. Al igual que si Martinelli estuvo dispuesto a sacrificar –temporalmente– el proyecto de Cerro Colorado en la comarca Ngäbe-Buglé es porque aún no tenía suficiente tajada del negocio como para manipular la realidad a favor de los “inversionistas”.

A ninguno nos debería sorprender. La veta de la corrupción siempre ha estado en hacer obras gigantes para multiplicar el beneficio oculto: corredores Sur y Norte, puente Centenario, cinta costera 1, 2 y 3, Metro... Nos roban en las narices y además nos piden que aplaudamos.

El problema añadido de Petaquilla y otros proyectos mineros es que, además de robarnos descaradamente, dejan una herencia de debacle ambiental y humana que tocará asumir por varias generaciones de panameños. Lo mismo pasa con las hidroeléctricas que venderán su energía al exterior o con los “deseados” proyectos turísticos en zonas a proteger de las costas panameñas. La economía primaria, la que se basa en la extracción de recursos naturales y su comercialización sin manufacturar, es especialmente atractiva para tiburones empresariales y políticos corruptos. La fuente del beneficio es teóricamente gratis –la naturaleza– y solo hace falta un gobierno dispuesto a dar la concesión y maquillar el negocio con unas mínimas regalías y con un discurso tan falso como efectivo sobre el “desarrollo”, el “progreso” y otros cuentos fantásticos.

Ante la evidencia de que la veta de la corrupción siempre es la misma... qué hacer. Pues solo hay una solución en el modelo de Estado-nación que conocemos: la justicia. Cuando hay una justicia independiente y que funciona mínimamente, hay frenos contundentes a las aspiraciones corruptas de ciertos políticos. Miren si no el ejemplo de Colombia, que no estaría viviendo el momento crucial actual si no fuera por la Corte Constitucional que frenó en 2010 las nuevas aspiraciones reeleccionistas del que se ha convertido en el peor enemigo del país que dirigió: Álvaro Uribe. Fue la justicia la que dignificó a Colombia y es también la falta de justicia la que la hunde en el fango cuando las decisiones de los políticos alejan a los delincuentes de los tribunales (con extradiciones pactadas, acuerdos que otorgan inmunidad, o con refugios inmorales como el de María Pilar Hurtado en Panamá).

Esta es la peor noticia para Panamá. No que tenga un presidente-empresario enriqueciéndose a costa del país; no, que el Gobierno mienta un día sí y otro día también; no, la vergonzosa acumulación de tránsfugas por el partido en el poder... sino que la justicia, que ya estaba en peligro de extinción antes de la llegada de Martinelli, se ha transformado con él en una caricatura –tan corrupta e interesada como el Ejecutivo y el Legislativo–, cómplice del saqueo colectivo al que se está viendo expuesta la nación y con pocas posibilidades de cumplir con sus funciones cuando los responsables de este órgano han sido nombrados de a dedo por los mismos a los que debería enjuiciar. Siempre ha sido así, ahora es peor. Todavía estamos esperando la famosa justicia contra los corruptos de la era Moscoso que prometió Martín Torrijos; todavía estamos esperando que salgan a la luz de la justicia los negociados del propio Torrijos dentro y fuera del país. Es evidente que con una justicia incapaz de abordar la corrupción sería ingenuo pensar en un país en el que haya responsabilidades civiles y penales por la mala administración, por las malas decisiones o por aquellos actos de gobierno que perjudican a las futuras generaciones. La veta de la corrupción tiene el poder de carcomer todo. Cuando sus efectos acaban con la justicia, es mejor pensar en empezar de cero.

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