REFORMAS ELECTORALES

¡De vuelta a las andadas!: Juan Manuel Castulovich

En varias ocasiones he criticado la prepotencia descalificadora que exhiben los magistrados del Tribunal Electoral cuando alguien, que no sean ellos, propone reformas a la legislación electoral. Esa actitud solo refleja su pretensión de tener la primera y última palabra en todos los temas electorales.

Claro ejemplo fue su intención de que la Asamblea Nacional renunciara a su derecho y obligación constitucional de discutir las leyes, para que les aprobara, a tambor batiente, el paquete de reformas consensuado por ellos y la partidocracia. Su actitud apocalíptica de todo o nada fue la que dio al traste con un proyecto que, debidamente depurado, pudo haber sido positivo.

Repitieron la misma postura arrogante cuando la Asamblea consideró el proyecto de reformas que se transformó en la Ley 54 de 2012. También pretendieron que no fuera discutido con el argumento, absolutamente falaz, de que por no haberse adoptado su proyecto original, tampoco debían considerarse las que han permitido que para las elecciones de 2014 sean viables, aunque plagadas de obstáculos, las candidaturas independientes a la Presidencia de la República.

Después de esos absurdos intentos, los triunviros electorales parecieron recobrar la sensatez; pero en fechas recientes han vuelto a las andadas. El presidente actual del Tribunal, como antes hicieron sus colegas Valdés y Solís, ha vuelto a proclamar al Tribunal por encima de la Ley. Eso, y no otra cosa, es su declaración, difundida a los cuatro vientos, de que “el Tribunal no avala” las reforma electorales que apruebe la Asamblea Nacional de los diputados, si no ha sido bendecida por ellos y la denominada “Comisión Nacional de Reformas Electorales”.

Por la actitud arrogante y antijurídica de Valdés, Pinilla y Solís fue que en 2009 no hubo candidaturas independientes a la Presidencia. Ellos las bloquearon, deliberadamente, cuando insistieron en aplicar el artículo 233 del Código Electoral, a pesar de haber sido advertidos, oportunamente, de su inconstitucionalidad. Y para hacerlo, no les importó violar deliberadamente el artículo 206 de la Constitución, que les prohibía pronunciarse sobre las candidaturas independientes y les ordenaba remitir el asunto, en término perentorio (48 horas), a la Corte Suprema de Justicia para que decidiera sobre la constitucionalidad del artículo 233.

Los magistrados, al no acatar el artículo 206, usurparon la competencia sobre el control de la constitucionalidad, que es exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Como se recordará, el artículo 233 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en abril de 2009, pero esa declaración, por extemporánea, no dio oportunidad a que se pudiera superar la traba impuesta por los flamantes magistrados. Sin embargo, sí sirvió para demostrar que el Tribunal Electoral, con su contumacia, fue el responsable directo de que hasta las pasadas elecciones se mantuviera el monopolio de la partidocracia sobre las candidaturas presidenciales.

Los magistrados, tal vez ahora no quieran recordarlo, plagaron de aberraciones antidemocráticas el en buena hora descartado proyecto original de las reformas electorales. Ejemplos patentes eran la creación, por la puerta de la cocina, de “los diputados nacionales” y las listas cerradas, para conceder más privilegios a la partidocracia criolla.

La Ley 54 posibilitó –recalco que solo posibilitó– las candidaturas independientes; eliminó la multiplicación de voto, al consagrar el principio “un ciudadano, un voto”, y propició la eliminación de los aberrantes residuos, fuente primaria de las nefastas componendas electorales, que ahora serán más difíciles con la última reforma aprobada por la Asamblea.

Pero todavía faltan otras reformas para, primero, adjudicar equitativamente los subsidios electorales y, segundo, instaurar la doble vuelta, que haría menos desigual el camino de los candidatos independientes, al erradicar la polarización del voto. En ambos aspectos, la legislación electoral es injusta y anacrónica. Y los magistrados y los partidos que, interesadamente, defienden el inmovilismo, lo saben.

Argumentar la inalterabilidad de la legislación vigente con “cucos electorales” está fuera de lugar, y los magistrados también lo saben; pero en su soberbia están dispuestos a llevarse de calle un principio esencial del derecho: la ley debe ser justa y si no lo es hay que reformarla o eliminarla y no cabe invocar plazos fatales maliciosamente inventados ni las exhibiciones de arrogancia.

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