LEGISLATIVO

Asamblea Nacional aprueba por insistencia reformas a la Aupsa

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Los diputados aseguran que las objeciones planteadas por el Ejecutivo no son válidas. Archivo Los diputados aseguran que las objeciones planteadas por el Ejecutivo no son válidas. Archivo
Los diputados aseguran que las objeciones planteadas por el Ejecutivo no son válidas. Archivo

Siete meses después de que el Ejecutivo objetara el proyecto de ley 577, que modifica la norma que creó la Autoridad Panameña de Alimentos (Aupsa), la Asamblea Nacional (AN) lo aprobó ayer por insistencia en tercer debate.

La iniciativa recibió luz verde de manera unánime, después de una extensa sesión en el pleno.

Se trata de la segunda vez que la Asamblea intenta reformar esta norma. El punto de discordia lo plantean los artículos 3 y 4, que permiten la inclusión de un representante de la Unión de Productores de Panamá y uno de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá en la junta directiva de la Aupsa.

Lo que dice el Ejecutivo

Al objetar el proyecto, el Ejecutivo argumentó que la directiva de la Aupsa no puede estar integrada por dos miembros que específicamente representan a gremios que, a su vez, son reconocidos como representantes de los mismos sectores en el consejo consultivo.

La Presidencia considera, además, que incluir a estas dos agrupaciones en la directiva les daría una ventaja frente a los demás miembros del consejo de la entidad y esto, argumenta, violaría el artículo 19 de la Constitución, que dice que no habrá fueros ni privilegios.

Otra de las controversias que plantea el documento es lo que dispone el artículo 2, que establece que el consejo consultivo de la Aupsa será un agente de coordinación de la entidad para las políticas científicas y técnicas, en cuanto a medidas sanitarias y fitosanitarias.

La Presidencia advierte que esta medida es “inoperante”, toda vez que no se establece el mecanismo de presentación de las metodologías científicas y técnicas para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias bajo el esquema de lo establecido por la Organización Mundial del Comercio.

De acuerdo con Augusto Jiménez, vocero de la Asociación de Productores de Tierras Altas, “este proyecto fue vetado, porque cuando la Cámara de Comercio se pronuncia no hay marcha atrás, porque sus miembros son los que financian las campañas políticas en el país”.

En su momento, la Cámara de Comercio le solicitó al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que vetara el proyecto, porque considera que la participación de las dos agrupaciones en la directiva significaría la injerencia de sectores involucrados en la producción, importación y distribución de alimentos.

Por su parte, los diputados consideran que las objeciones del Ejecutivo no son “válidas”, sino inconvenientes para el sector agropecuario del país.

La diputada Ana Matilde Gómez, una de las que avaló el proyecto, advierte que “no le queda la menor duda” de que el Ejecutivo fue presionado “por los grupos económicos que quieren seguir manteniendo el control de las importaciones”.

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