Abren investigación penal debido a muertes por alud

Autoridades fijarán responsabilidades de quienes autorizaron la construcción de las casas en Cambray II, Guatemala.

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Rescatistas extraen el cadáver de una víctima en el lugar donde se registró un alud. Rescatistas extraen el cadáver de una víctima en el lugar donde se registró un alud.
Rescatistas extraen el cadáver de una víctima en el lugar donde se registró un alud.

Las alarmas y señales estaban dadas mucho antes del deslave en la comunidad de Cambray 2, que ha dejado hasta ahora más de 160 muertos y cientos de desaparecidos, pero ninguna autoridad hizo nada para evitarlo.

La municipalidad de Santa Catarina Pinula asegura que advirtió a la población sobre los riesgos, aunque los residentes que sobrevivieron aseguran que nadie les dijo nada sobre el peligro que corrían.

El último aviso lo dio la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, conocida como Conred: en un estudio técnico de noviembre de 2014, solicitado por la propia municipalidad, señaló que los pobladores enfrentaban riesgos debido al crecimiento constante, especialmente en época de lluvia, del río Pinula que pasa por la comunidad.

“Se observan fracturas en bloques de material que pueden indicar futuros deslizamientos [de tierra]”, dice el informe, que asegura que también los pobladores habían realizado trabajos en el río para poder cruzarlo, incluso, con una reducción hasta de 10 metros en algunas áreas.

Pero esa información, según los vecinos, nunca llegó a sus oídos.

Los habitantes estaban acostumbrados a vivir con el desborde del río y deslizamientos de tierra. De hecho, no fue sino hasta el lunes, tres días después de la tragedia, que autoridades declararon el lugar inhabitable.

Manuel Pocasangre, vocero de la municipalidad local, reconoce que no hay documentos sobre el aviso que se habría hecho a la población. “Se hizo de boca en boca, de casa en casa, hacerlo así es parte de las costumbres de la comunidad”, dijo.

Cambray 2 está ubicado al fondo de un hoyo bordeado por montañas, cerros y un río. Solo cuenta con un acceso de entrada y salida, las condiciones perfectas para una catástrofe.

Por lo pronto, el Ministerio Publico informó ayer que ya inició una investigación para establecer responsabilidades penales de quienes autorizaron la construcción de las casas en el lugar. También indaga si los constructores contaban con licencias e informes sobre lo peligroso del lugar.

La investigación es paralela a la identificación de víctimas. La fiscalía establecerá quién autorizó las obras en el lugar o si alguien no tomó las acciones oportunas para evitar la tragedia.

Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, dijo que hizo un llamado a la municipalidad para que desaloje a otras 50 familias que aún están en el área o tomará acciones legales.

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