Cifras del Ministerio Público (MP) revelan un inusitado aumento de los delitos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de menores de edad en el año 2018.
De acuerdo con el MP, por primera vez las denuncias por abuso sexual contra menores rebasarán los 3 mil casos, ya que en los primeros 9 meses el número alcanza los 3 mil. En todo el año pasado se reportaron 2 mil 218.
La fiscal Maruquel Castroverde expresó que es necesario que la sociedad tome acciones de protección a menores. Lo más común son la violación y las relaciones sexuales consentidas.
Precisó que los casos de violación a menores han registrado un aumento constante, ya que en 2015 se dieron mil 814 casos, en 2016 mil 882 y en 2017 un total 2 mil 986 casos.
Hace poco el Ejecutivo lanzó un proyecto para combatir todo tipo de violencia contra menores de 17 años de edad, el cual implica el apoyo de todos los sectores.
Mientras tanto, en la Asamblea Nacional reposa un proyecto de ley para crear el registro de pedófilos.
Miles de menores son víctimas de depredadores
Por primera vez, la cifra de delitos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de menores de edad superará los 3 mil casos en un año. De enero a septiembre de 2018, según datos del Ministerio Público (MP), se han registrado 3 mil 7 denuncias.
La última cifra más alta se reportó en 2015, con 2 mil 987 casos (ver gráfica). Hay que considerar, por supuesto, que muchas víctimas no presentan denuncias ante las autoridades.
El aumento de los delitos de este tipo es calificado como alarmante por fiscales del MP, psiquiatras forenses y autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
La fiscal superior de asistencia a juicio en el sistema penal acusatorio (delitos comunes), Maruquel Castroverde, plantea que la mayor parte de los casos de abuso sexual es cometida en perjuicio de mujeres.
Las consecuencias de estas agresiones sexuales son: embarazos prematuros, maternidad forzada, deserción escolar, además del daño psicológico que le ocasiona a la víctima.
“Se vulnera su proyecto de vida, y el daño, por tanto, es irreversible, tenemos que proteger a nuestros niños y niñas, porque estos delitos están haciendo estragos en nuestra infancia y adolescencia” , señala Castroverde.
Infancia determinante
Alejandro Pérez, psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelfc), dice que generalmente los individuos que incurren en delitos sexules tienen trastornos originados en la infancia y relacionados con la sexualidad. Es decir, sustenta el psiquiatra, el problema es el estímulo que provoca la respuesta sexual.
Pérez explica que en estos casos hay estímulos variados como el fetichista, travestista y, sobre todo, el pedófilo.
En el caso de los abusos a menores, Pérez detalla que usualmente hay dos grandes grupos de víctimas de delitos sexuales.
“Uno, el de menores de 10 años, en el que generalmente el agresor es un conocido y, además, representa una figura de autoridad. Por ello, la víctima no habla, porque la amenazan o la convencen de la acción. Generalmente, no hay penetración, solo se producen roces y toques al menor”, refiere.
El forense explica que el otro grupo son los adolescentes, en el que generalmente hay penetración del “novio” o una persona desconocida.
“Uno de los errores más comunes - y no me canso de advertirlo- es que la gente le dice a los menores: ‘no dejes que nadie te toque”.
Eso lo que produce es que cuando el menor es tocado experimenta un sentimiento de culpa por haber permitido que esto sucediera, y guarda silencio.
“Lo que hay que decirle a los niños es que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo, y si alguien lo hace, que lo informe a sus padres”, indica.
Ante esta realidad, Pérez sugiere programas de educación sexual para que la gente aprenda a defenderse de la agresión cuando es cometida por un conocido o una figura de autoridad.
Habla la Senniaf
Yazmín Cárdenas, directora de la Senniaf, dice que en 2018 se puso en marcha un plan de cuatro años para combatir todo tipo de violencia contra la población menor de 17 años. Se trata de la Estrategia Nacional Multisectorial de Prevención de la Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes. Tiene tres ejes: la atención a la familia, violencia en las escuelas y en la comunidad.
“Necesitamos evaluar estos indicadores para que no ocurran este tipo de delitos, porque hemos visto que están en aumento y los tenemos que bajar”, plantea.
Para tener un impacto en la reducción de los delitos sexuales a menores de edad, dice, se tiene que trabajar en las comunidades, apoyados en los gobiernos locales y poniendo en marcha las acciones definidas en la Estrategia.
Recalca que como parte de la estrategia multisectorial, se desarrollan mesas de trabajo, ya que la labor no es exclusiva de la Senniaf y son las comunidades las que conocen sus realidades.
La funcionaria admite que actualmente ni la Senniaf y ni el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) disponen de recursos económicos específicos para darle tratamiento integral a aquellos menores que son abusados sexualmente.
Registro de pedófilos
El pasado 19 de marzo de 2018, el diputado Adolfo Valderrama presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la creación de un registro de pedófilos.
Una iniciativa para establecer un registro de personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual ya había sido presentada por los diputados Athenas Athanasiadis e Iván Picota.
Los proyectos fueron fusionados en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional y en octubre pasado se aprobó la iniciativa en primer debate.
El proyecto fusionado establece que el registro estará a cargo del Gabinete de Archivo e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, que deberá mantenerlo actualizado.
Allí se debe incluir la siguiente información: nombre, fecha de nacimiento, número de cédula o pasaporte, nacionalidad, fotografía, huellas dactilares y fecha y delito por el cual fue condenado el agresor.
La fiscal Maruquel Castroverde señala que esta iniciativa sería viable cuando exista una sentencia en firme y ejecutoriada con la que se pueda alimentar esa base, que solo debería ser manejada por las autoridades.
“Lo que queremos es optimizar y nutrir otras investigaciones con este dato, que probablemente define a una persona como de riesgo en ciertas comunidades donde tienen acceso a niños”, apunta.
El fin y el propósito es eso, añadió, que estas personas que son blanco fácil para estos delitos puedan ser protegidos con más efectividad por todas las autoridades. “Esto es una información que debe ser manejada con mucho cuidado para evitar abusos”, reitera .
