SESIONES PLENARIAS

Activistas denuncian represión ante la CIDH

Los más vulnerables a los asesinatos y ataques son los activistas del ambiente, los defensores de la tierra y de la diversidad sexual.

Sociedad civil de Panamá reporta ataques

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Los activistas de Cuba denunciaron en las sesiones plenarias de la CIDH el aumento de los arrestos contra dirigentes de los derechos humanos y periodistas. Los activistas de Cuba denunciaron en las sesiones plenarias de la CIDH el aumento de los arrestos contra dirigentes de los derechos humanos y periodistas.
Los activistas de Cuba denunciaron en las sesiones plenarias de la CIDH el aumento de los arrestos contra dirigentes de los derechos humanos y periodistas. LA PRENSA/Ana Rentería

Asesinatos, amenazas y criminalización de los defensores de los derechos humanos en Honduras y Cuba fueron denunciadas por activistas de la sociedad civil de esos países durante las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que empezaron ayer en Panamá.

El asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo en Honduras, es solo una pequeña muestra de los “altísimos niveles de violencia” que existe contra quienes defienden los derechos en ese país centroamericano, señalaron activistas hondureños.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS) de Honduras rindió un informe ante la CIDH, en el que destacó que desde el año 2001 por lo menos 17 activistas han sido asesinadas en ese país.

“Desde el año 2001 y hasta la actualidad, una persona muere cada año en promedio, pese a ser beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH”, manifestó Miguel Martín Zumañacárregui, director de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Bruselas, Bélgica, y asesor de la OBS.

La CIDH otorga medidas de protección a los defensores de los derechos humanos, debido a las situaciones de riesgo que enfrentan como consecuencia del papel que desempeñan en ciertas comunidades.

Entre 2009 y 2015, la CIDH emitió 41 medidas cautelares en beneficio de 426 defensores en 18 departamentos de Honduras.

El Estado hondureño no solo ha hecho poco por proteger a estas personas o resolver sus crímenes, sino que ha empeñado con eficacia el derecho penal para que avancen procesos contra de los defensores, quienes terminan desprestigiados injustificadamente”, indica el informe.

Según datos de la CIDH, en Honduras se han registrado unos 3 mil casos de criminalización “para amedrentar a los defensores de derechos humanos”.

Otro de los aspectos que la organización destacó en la sesión fue que “la militarización del Estado, la falta de independencia de la judicatura, la estigmatización de los defensores y las carencias de la institucionalidad del Estado” interfieren en la protección de los defensores.

Según la OBS, un ejemplo reciente son las declaraciones del actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, en las que, según la organización, criminalizó de forma “irresponsable a organizaciones de derechos humanos” y las vinculó con pandillas, narcotráfico y crimen organizado.

LOS MÁS VULNERABLES

Gracias a un reporte de la OMCT, la OBS advirtió que los más vulnerables a los ataques son los defensores de la tierra y el ambiente, y los que se activan en los derechos de la diversidad sexual.

Desde 2009 hasta julio pasado, la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) registró 224 muertes violentas de dirigentes, de las cuales solo 33 han sido judicializadas, según el reporte.

Según datos oficiales, de cada cinco asesinatos de miembros de la comunidad LGBTI en la región, tres son de Honduras.

COMPROMISOS

Luego de la presentación del informe del observatorio, tanto la CIDH como los representantes del Gobierno hondureño plantearon una serie de compromisos.

Por su parte, el procurador de Honduras, Abraham Alvarado, invitó a la CIDH a realizar una visita oficial a su país.

La última visita que hizo la CIDH a Honduras fue en el año 2014, y durante la misma calculó que más del 80% de los homicidios cometidos en ese país quedan impunes; no obstante, informes de la sociedad civil aseguraron que los niveles de impunidad no bajarían del 95% y llegarían “muy pronto” al 100%.

“Insistiremos al Estado de Honduras para que haga la invitación formal al comisionado James Cavallaro al país, como se comprometieron en esta sesión (...). Estamos a la expectativa”, declaró Nathalia Yaya, abogada de derechos humanos y colaboradora del informe de la OBS.

José de Jesús Orozco, relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión, replicó las preocupaciones del observatorio y aseguró que la CIDH le dará seguimiento a los homicidios denunciados desde el año 2010 por las organizaciones civiles.

REPRESIÓN NO CESA EN CUBA

El periodista Roberto de Jesús Guerra Pérez, director del Centro de Información Hablemos Press, y José Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, en representación de otros que no hicieron el viaje por encontrarse detenidos u hostigados por la Policía política cubana, expusieron un reporte detallado donde miembros de sus grupos han sido atacados física y psicológicamente por el gobierno castrista.

Berta Soler, líder del Movimiento Damas de Blanco, envió un mensaje, en el que explicó que se ausentó de las sesiones, debido a que varias mujeres miembros de esa organización se encuentran actualmente desaparecidas.

En tanto, los activistas denunciaron el caso de Cubalex, centro de información legal no gubernamental que realiza gestiones para el apoyo de ciudadanos cubanos, cuya sede fue recientemente asaltada por parte de agentes de la Policía.

Actualmente, este centro se encuentra atravesando un proceso judicial en la isla. “Que la Comisión se pronuncie, que levante un informe especial sobre la situación de Cuba. Se han reportado, en lo que va de este año, más de 8 mil 500 detenciones arbitrarias contra periodistas. Se encuentran en la cárcel, hoy, más de 112 prisioneros políticos, entre ellos 6 mujeres. A pesar de que el Gobierno cubano ha dicho que dialoga con la sociedad civil, eso no se manifiesta en Cuba”, expresó la activista Guerra Pérez.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para Cuba, expresó su compromiso de buscar los mecanismos que estén a su alcance para construir un puente de comunicación con el Estado cubano, en función de consolidar la posición de la comisión, utilizando las herramientas y mecanismos con que cuenta esta para acompañar las peticiones de los solicitantes.

Las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siguen hoy, para abordar casos sobre la libertad de expresión en Venezuela, Ecuador y Paraguay.

Sociedad civil de Panamá reporta ataques

VOCERA. Magaly Castillo, activista de la sociedad civil, estuvo ayer en la reunión con la CIDH. LA PRENSA/Archivo Expandir Imagen
VOCERA. Magaly Castillo, activista de la sociedad civil, estuvo ayer en la reunión con la CIDH. LA PRENSA/Archivo LA PRENSA/Archivo

Las organizaciones que integran la Red de Derechos Humanos de Panamá, la Asamblea de Acción Ciudadana, la Red Ciudadana Urbana y la Alianza Estratégica Nacional, entre otras, expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los ataques de que son víctimas activistas en Panamá.

En medio de críticas a la administración de justicia del país, denunciaron que en Panamá existen “casos de defensores de derechos humanos, activistas sociales y

comunitarios que son acosados o molestados por parte de empresas, debido a sus acciones en defensa del ambiente y de sus comunidades”.  

Destacaron el caso de cuatro moradores de la isla de Pedro González, quienes actualmente  llevan 30 días detenidos por una denuncia a daños a la propiedad por parte de la empresa con la que mantienen un conflicto por tierras en dicha comunidad.  

También citaron el caso de Larissa Duarte, activista social y ambiental de Veraguas, demandada por 10 millones de dólares por haber presentado oposición a un proyecto hidroeléctrico en la región.

Asimismo, expusieron el caso de  Ligia Arreaga, activista ambiental y  defensora de derechos humanos de Darién, quien fue amenazada por su defensa de la laguna Matusagaratí, y que  debió salir del país  como medida de seguridad.

Finalmente, denunciaron el caso de los vecinos de la comunidad de Coco del Mar, que por su lucha contra un proyecto habitacional que, según ellos, afecta el ambiente y su calidad de vida, fueron denunciados penalmente con solicitud de detención preventiva.

Las organizaciones de la sociedad civil de Panamá expusieron estos casos  en una reunión a puertas cerradas con la CIDH.


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