JUSTICIA

Acuerdo de pena en el caso Petroecuador

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Rómulo Bethancourt

El Juzgado Decimoctavo Penal validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión logrado entre la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada y una excolaboradora de un banco local, en el caso de la investigación por el desvío de fondos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador) a través de sociedades creadas en Panamá.

El acuerdo de pena presentado ante la jueza decimoctava, Baloisa Marquínez, está basado en lo que establece el artículo 24 de la Ley 4 de 17 de febrero de 2017, sobre los acuerdos de pena.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, la fiscalía identificó las sociedades empleadas para ocultar la identidad de los destinatarios del dinero ilícito, las personas naturales utilizadas como firmantes en las cuentas involucradas, y la trazabilidad de las transacciones bancarias hechas en territorio panameño, entre otros aspectos.

Según el Ministerio Público, se desveló así “la identidad de los firmantes y beneficiarios finales de las distintas cuentas bancarias utilizadas para recibir y transferir dineros ilícitos procedentes de actos de corrupción de servidores públicos ocurridos en el extranjero, específicamente, relacionado a las investigaciones por corrupción en perjuicio de la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador”.

Por este caso, la fiscalía investiga a, al menos, 41 personas jurídicas y naturales y hasta principios de septiembre pasado había aprehendido $3.8 millones, según pudo establecer este medio.

LA GÉNESIS

Las pesquisas se iniciaron en 2016, cuando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó al Ministerio Público un movimiento inusual de dinero a través de cuentas bancarias y sociedades locales que no podía ser justificado.

La investigación, a cargo del fiscal Rómulo Bethancourt, alcanza a 19 bancos nacionales y extranjeros por medio de los cuales, presuntamente se movieron millones de dólares procedentes de Ecuador y que fueron entregados en contratos que no fueron ejecutados. En el caso también se vincula a cinco firmas de abogados que crearon sociedades que están bajo la lupa del fiscal.

Por este caso, el Ministerio Público solicitó asistencia judicial a Ecuador, Suiza, Reino Unido y las islas Canarias.

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