CHANGUINOLA 2010, SAN FÉLIX 2011 Y SAN LORENZO 2012

Acuerdos políticos sobrepasan las leyes

Gracias a los pactos, 227 personas detenidas y procesadas penalmente tras los sucesos de Bocas del Toro y Chiriquí fueron liberadas más tarde.

Changuinola. Por los hechos no hay detenidos. LA PRENSA/Archivo Changuinola. Por los hechos no hay detenidos. LA PRENSA/Archivo
Changuinola. Por los hechos no hay detenidos. LA PRENSA/Archivo

Aunque las leyes obligan al Ministerio Público (MP) a continuar las investigaciones derivadas de las alteraciones del orden público, tal como lo afirmó este miércoles la fiscal segunda superior de Chiriquí, Nedelka Díaz, en la práctica ha quedado demostrado que los acuerdos políticos suscritos entre manifestantes y el Gobierno priman por encima de la legalidad.

Ejemplo de ello son los procesos abiertos por los sucesos de 2010 en Changuinola, Bocas del Toro, que dejaron 716 heridos, 2 muertos y 213 detenidos; y los de febrero de 2011 en Chiriquí y Veraguas, que arrojaron un saldo de 21 heridos y 14 detenidos.

En ambos casos, los 227 detenidos y procesados penalmente por violentar las leyes fueron liberados posteriormente.

En detalle

Luego de la firma de los acuerdos de Changuinola en 2010 y San Félix en 2011, los expedientes abiertos por el MP tras las alteraciones del orden público fueron archivados definitivamente.

Además, en los casos de los homicidios de los sindicalistas Virgilio Castillo y Antonio Smith, reportados en julio de 2010 en Bocas del Toro, el Órgano Judicial ordenó un año más tarde cerrar provisionalmente los expedientes, en los que hasta esa fecha no había ningún imputado, pese a que los protocolos de autopsia habían confirmado que ambos murieron tras recibir disparos de perdigones, usados solo por la Policía Nacional.

En estos casos, el MP apeló ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y aún no ha habido respuesta.

Además, producto de los acuerdos firmados al margen de los procesos legales nadie resultó responsable por las pérdidas millonarias derivadas las protestas.

Tampoco se deslindaron responsabilidades legales en los casos de los 737 heridos que fueron reportados tras los enfrentamientos en ambos escenarios.

Una querella penal para que se investigara al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino; al director de la Policía, Gustavo Pérez, y a los jefes de las zonas policiales de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas por los delitos de homicidio y abuso de autoridad en los sucesos de Changuinola, la cual fue presentada en julio de 2010, también quedó en el olvido.

Asimismo, se descartó un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre los hechos de Changuinola, en el que se reportó que cinco menores de edad pudieron haber muerto por la inhalación de gases tóxicos emanados de las bombas lacrimógenas arrojadas por la policía.

Al final, estos decesos quedaron archivados como “muertes a consecuencia de problemas pulmonares”.

Dichos acuerdos también enterraron las conclusiones de la Defensoría del Pueblo sobre las protestas en Changuinola, que entre otras cosas revelaron la conculcación de los derechos a la vida, la integridad personal y la protección judicial, en el marco de la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Hoy día

Tras los sucesos de la semana pasada, que terminaron con 2 muertos, por lo menos 50 heridos y 119 detenidos, el MP abrió 5 investigaciones.

Pero el llamado acuerdo de San Lorenzo, que puso fin a siete días de protestas indígenas contra la minería en la comarca Ngäbe Buglé, pide, de entrada, la liberación de todos los detenidos y el cierre de los procesos.

Y aunque el MP ya aseguró que las investigaciones continuarán y que se sancionará a quienes resulten responsables, lo cierto es que los 119 detenidos ya fueron dejados en libertad.

Al menos por ahora, parece que esta vez tampoco habrá responsables por las 2 muertes, los 50 heridos ni por la destrucción de 6 sedes policiales, 1 corregiduría, 1 cuartel de bomberos y 1 banco.

Las pérdidas en el sector agropecuario sobrepasaron los 3.5 millones millones de dólares.

De las sumarias abiertas por el MP, dos se relacionan con el cierre de la vía Interamericana en Chiriquí y Veraguas; otras dos con las muertes del indígena Jerónimo Rodríguez, ocurrida el 5 de febrero en San Félix, y de un menor de 16 años el 7 de febrero en Las Lomas.

El otro caso es por una denuncia presentada el 6 de febrero tras la utilización de armas de fuego por parte de la Policía Nacional en los operativos desplegados a partir del domingo pasado para despejar la carretera Interamericana.

Además, el MP tiene pendiente la decisión de abrir o no otro expediente ligado a las protestas, siempre y cuando admita primero una querella penal presentada ayer por el PRD contra la resolución de la Autoridad de los Servicios Públicos a través de la cual el Ejecutivo suspendió las comunicaciones en los sectores de Veraguas y Chiriquí donde se desarrollaban las manifestaciones indígenas. Sobre ese mismo acto, el Partido Popular presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Ministerio de Salud detalla heridas y lesiones

Heridas por armas de fuego en las piernas, fracturas expuestas, amputación de dedo, impactos de perdigones en el pecho, espalda, brazos, glúteos y dorso, e incluso broncoespasmos por la inhalación de gases lacrimógenos son algunos de los diagnósticos clínicos oficiales apreciados en las personas que resultaron heridas durante los operativos de despeje de la vía Interamericana hechos por la Policía Nacional el pasado domingo, luego de seis días de protestas indígenas contra la minería y la explotación hidroeléctrica en la comarca Ngäbe Buglé.

Así lo confirman estadísticas enviadas a este diario por el Ministerio de Salud, las cuales precisan que los médicos adscritos a esa entidad atendieron al menos 47 personas, de las cuales 13 fueron trasladadas y quedaron internadas en el hospital Manuel Chicho Fábrega de la ciudad de Santiago, en Veraguas, y uno más en el centro médico de David.

Los registros del Ministerio de Salud detallan que por lo menos seis de los heridos presentaron heridas de perdigón y uno sufrió un disparo de arma de fuego.

La Policía Nacional reportó 14 heridos, entre estos un agente que perdió uno de sus dedos tras recibir una fuerte pedrada.

Otros heridos fueron atendidos por el 911, la Cruz Roja y los bomberos, pero de estos no se tienen registros exactos.

Rubén Polanco

Herido policía en sepelio

Un agente de tránsito de la Policía Nacional resultó herido ayer de una pedrada en la cabeza que le lanzó una persona, aún no detenida ni identificada, durante las honras fúnebres del menor de 16 años que murió en un confuso hecho el pasado 7 de febrero en el sector de La Lomas, en Chiriquí, en medio de las protestas de los indígenas ngäbe buglé contra la minería en su comarca.

Testigos informaron que una personas que caminaba detrás de la carroza que transportaba el ataúd hacia el cementerio de Las Lomas agredió al agente cuando este se encontraba de espaldas desayunando en una fonda. El policía herido fue trasladado al hospital de David.

En tanto, Juan José Ibarra, padre del menor, volvió acusar a la Policía Nacional por la muerte de su hijo.

Sandra Alicia Rivera

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