Justicia

Acusan a Ayú Prado de influir a favor de Ricardo Martinelli

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Martinelli designó a Ayú Prado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Archivo Martinelli designó a Ayú Prado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Archivo
Martinelli designó a Ayú Prado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Archivo

Cuatro días después de que la Corte Suprema de Justicia votara 7 a 2 para declinar a la esfera ordinaria la competencia del caso que se le sigue a Ricardo Martinelli por los pinchazos, Rosendo Rivera, querellante autónomo del proceso, acusó al magistrado José Ayú Prado de manipular el caso a favor del expresidente.

En una conferencia de prensa en la que participaron otros querellantes, aseguró que Ayú Prado tuvo injerencia en el fallo expedido el pasado 7 de diciembre. En tanto, Mitchell Doens, otra de las víctimas del caso, manifestó que Martinelli mantiene “una estructura criminal” en la Corte, la Asamblea Nacional y los partidos políticos.

Ayú Prado ‘mueve los hilos’ en la Corte

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado fue acusado de ejercer presión sobre sus colegas del pleno, con el fin de “matraquear” a favor del expresidente Ricardo Martinelli y librarlo del proceso que se le sigue por presuntamente espiar las comunicaciones de, al menos, 150 personas.

Así lo afirmó ayer en una conferencia de prensa Rosendo Rivera, querellante autónomo en este proceso. El abogado, quien dijo que hay que acatar el fallo del pasado 7 de diciembre con el que la Corte declinó la competencia del caso a la esfera ordinaria, planteó que es necesario dejar claros algunos hechos.

Aseguró que tiene información interna de que Ayú Prado “continúa ejerciendo su poder dentro de la Corte para lograr beneficios a favor de Ricardo Martinelli”.

También mencionó al magistrado Luis Ramón Fábrega, quien inicialmente se negó a participar en el proceso, pero que sorpresivamente, según él, asistió a las sesiones del pleno de los días 6 y 7 de diciembre pasado, en las que, con una votación de siete a dos, la Corte declinó la competencia en el caso de los pinchazos.

El expresidente Ricardo Martinelli permanece detenido en la cárcel El Renacer. Archivo Expandir Imagen
El expresidente Ricardo Martinelli permanece detenido en la cárcel El Renacer. Archivo

De acuerdo con Rivera, Ayú Prado “ha estado moviendo los hilos detrás de los magistrados de la Corte para conseguir beneficios para Martinelli”.

Dijo que prueba de esta situación es que en las ocasiones en que el pleno de ese tribunal se reunía para decidir un asunto referente a Martinelli, los asistentes de Ayú Prado, que está impedido en el proceso, acudían a las audiencias.

Planteó que existe una alianza entre magistrados nombrados por Martinelli y otros que fueron designados en la administración de Juan Carlos Varela.

En diciembre de 2015, Varela nombró a Ángela Russo y a Cecilio Cedalise.

El pasado 6 de julio, Ayú Prado emitió un comunicado público, en el que negó una supuesta reunión con sus homólogos Asunción Alonso, Efrén Tello y Hernán De Léon, antes del pleno ordinario del 5 de julio de 2018, convocado para discutir la admisión o no de un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa del exgobernante y en el que se cuestionaba la competencia de la Corte en esta pesquisa.

Fuentes del Órgano Judicial indicaron que la citada reunión existió y que en esta estuvieron presentes los magistrados antes citados.

Sin embargo, Ayú Prado lo negó y explicó que aquella vez tuvo una reunión con la magistrada Alonso, para tratar asuntos relacionados con la implementación del sistema penal acusatorio.

Desde aquella fecha, Alonso y Tello se mostraron inclinados a declinar el caso a la esfera ordinaria, pero De León nunca se pronunció.

De León no estuvo presente en las sesiones del pasado 6 y 7 de diciembre por estar de licencia.

Este diario pidió ayer una versión a la Corte , pero el departamento de comunicación informó que no habría pronunciamiento.

Juicio debe ser público

En la conferencia de ayer, víctimas de los pinchazos dijeron estar en alerta ante lo que sigue en el proceso.

Sustentaron que se trata de un trámite inédito, que baja de la Corte a la esfera ordinaria, en la que la oficina judicial debe fijar una fecha de juicio.

Exigieron que todos estos actos sean públicos, ya que darle publicidad será una garantía de transparencia.

Balbina Herrera, una de las víctimas, sugirió que el juicio debe ser transmitido públicamente, como ocurrió en la fase intermedia, para que la comunidad conozca el proceso.

Mitchell Doens, otro de los querellantes, denunció que Martinelli mantiene una “estructura criminal” en la Corte, la Asamblea Nacional y los partidos políticos. Por eso, afirmó que mantendrán su lucha.

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