áreas revertidas

Advierten sobre acciones de intimidación contra activista

Dirigentes comunitarios denunciaron violación a las normas de uso de suelo en Albrook. Luego, a uno de ellos le secuestraron sus bienes.

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La Defensoría del Pueblo acogerá una queja presentada por residente de Albrook. CORTESÍA La Defensoría del Pueblo acogerá una queja presentada por residente de Albrook. CORTESÍA
La Defensoría del Pueblo acogerá una queja presentada por residente de Albrook. CORTESÍA

Residentes de las áreas revertidas presentaron ayer en la Defensoría del Pueblo una queja, debido al secuestro de bienes del que fue víctima el presidente de la Asociación de Propietarios de Ciudad Jardín Albrook (Aprojal), Max Crowell.

Crowell, junto a otros moradores del lugar, denunció en el Municipio de Panamá que los propietarios del parvulario City Academia habían violado normas relacionadas con la zonificación de la comunidad, pero luego de eso le secuestraron sus bienes tras una acción legal que presentaron los dueños del centro educativo.

Moisés Bartlett, representante legal de Crowell, calificó la acción judicial como “temeraria”, ya que sobre el mencionado lugar existe una orden de cierre emitida por el municipio , tras la queja de la organización de vecinos.

Bartlett agregó que Crowell, como presidente de la Aprojal, cumplió con su papel de defender a los ciudadanos en su derecho de vivir de manera “digna”, y que se cumpla con las normas de urbanismo.

De hecho, planteó que el secuestro tiene como propósito causar “daño” e “intimidar” a las organizaciones que defienden los derechos humanos.

Además, mencionó que ahora solo les toca emprender las acciones para levantar el secuestro.

Mientras, el defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, indicó que existe un “patrón de intimidación” contra defensores de derechos humanos.

Por ejemplo, dirigentes comunitarios de Coco del Mar, en San Francisco, fueron denunciados el año pasado tras oponerse a la construcción de un edificio cerca a una zona de manglares. También está el caso de la activista Larissa Duarte, en la provincia de Veraguas, quien en su lucha por la conservación del río Cobre fue demandada.

Añadió que el caso de Crowell es “dramático”, pero también “emblemático, porque terminó en una de las peores prácticas en materia de “intimidación”, como lo es el secuestro de bienes.

Por último, argumentó que se trata de un tema que demanda la mayor atención de las autoridades y obliga a reflexionar sobre el tipo de sociedad y Estado que tenemos en este momento.

Mientras que Crowell comparó el estado en el que actualmente se encuentra su residencia con el “saqueo” que sufrió el país en 1989 durante la invasión, es decir, quedó con casi nada.

Se trató de conocer la versión de la firma de abogados que representa a la academia y a los propietarios del centro educativo, pero no hubo respuesta al cierre de la edición.

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