caso pinchazos

Advierten de consecuencias legales tras fallo que declina competencia

El magistrado Abel Zamorano, quien salvó su voto, dijo que producto del fallo, en un futuro los acusadores utilizarán artificios jurídicos para forzar la competencia y seleccionar al juez.

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El proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli fue declinado ante un tribunal de juicio del SPA. Archivo El proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli fue declinado ante un tribunal de juicio del SPA. Archivo
El proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli fue declinado ante un tribunal de juicio del SPA. Archivo

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) argumentó que declinó la competencia del proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, y dos tipos de peculado, porque al momento del juzgamiento este ya no era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En el fallo emitido el 7 de diciembre de 2018, y al que este medio tuvo acceso ayer, los siete magistrados que votaron a favor de la declinatoria de la competencia basaron sus argumentos en el artículo 39 del Código Procesal Penal.

“Para que el pleno sea competente de conocer de los procesos penales contra los diputados, es indispensable que el cargo de diputado se esté ejerciendo al tiempo de su juzgamiento, indistintamente de la época en que se cometió el delito”, argumentaron los magistrados que votaron a favor de la declinatoria del proceso ante un tribunal de juicio del sistema penal acusatorio.

Artículo 39 sobre el 31

El fallo recuerda el argumento del juez de garantías, Jerónimo Mejía, quien adujo que por voluntad de las partes no se puede variar la competencia.

El pleno advirtió que “no se está variando la competencia del tribunal penal por voluntad de las partes, sino que es la propia ley la que dispone cuándo el pleno de esta corporación es competente, siendo la propia ley la que ha establecido, a través de esa circunstancia, la frase, al tiempo de su juzgamiento”.

En cuanto al artículo 31 del Código Procesal Penal, invocado por el juez Mejía, y que establece que la competencia es improrrogable, el pleno concluyó que este no se aplicaba porque “cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se hallaren en un mismo código, se preferirá la disposición consignada en el artículo posterior, o sea el artículo 39 del Código Procesal Penal predomina sobre el anterior, en este caso, el artículo del 31 del mismo código”.

Violación de garantías

Según el fallo, el juez de garantías violó las garantías fundamentales de Martinelli, luego de que el 25 de junio de 2018, durante una audiencia, negó declinar la competencia a la esfera ordinaria, a pesar de que este ya había renunciado el 21 de junio como diputado del Parlacen. Sin embargo, la fecha en que ese foro regional certificó que Martinelli dejó de ser diputado fue el 27 de junio .

Señalan que hubo violación del artículo 32 de la Constitución, en el que se establece que “nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria”.

Tribunal de apelación

El pleno determinó que cuando actuó para resolver los recursos presentados por la defensa de Martinelli, como el cambio de medida cautelar, entre otros, lo hizo como tribunal de apelaciones y no como tribunal constitucional.

Alegó el pleno que es a través del amparo presentado por la defensa que se conoció sobre la solicitud de declinatoria de la competencia , es decir, “ahora es que estamos dentro de un proceso constitucional”.

Salvamentos de voto

Los magistrados Abel Zamorano y Luis Mario Carrasco (suplente de Jerónimo Mejía) dejaron sentado en sus salvamentos de voto su total desacuerdo con la declinatoria de la competencia.

   Carrasco aseguró que la decisión tomada por el juez Mejía el 25 de junio, de mantener la competencia del proceso, fue correcta, porque a esa fecha Martinelli era aún diputado del Parlacen.

El magistrado cita una respuesta del Parlacen en la que certifica que a partir del 27 de junio de 2018, Martinelli dejó de ser diputado de de ese organismo.

“Entonces, la decisión que tomó el magistrado de garantías el 25 de junio de 2018 -que es cuestionada en este amparo- es correcta”, remarcó Carrasco.

Al respecto, el magistrado Zamorano apuntó que “ expresamente no existe norma que señala que con la renuncia del diputado se pierde la competencia, máxime cuando ya se había presentado ante el juez de garantías la acusación por parte del magistrado fiscal”. Advirtió, además, en su salvamento de que el fallo traerá “una incertidumbre constitucional y un mensaje negativo a las futuras generaciones, de quienes recibirán las más duras críticas”.

A juicio del magistrado, el tema de la competencia fue el primer examen procesal que debió definir la CSJ y la decisión del pleno de declinar cuando ya había resuelto varios recursos de la defensa resulta “incongruente e incompatible”.

“Señalar a esta altura que ahora nos dimos cuenta de que no éramos competentes, con todo respeto, resulta una postura incongruente”, dijo Zamorano.

“Esta corporación como tribunal penal, tuvo la oportunidad, en más de una ocasión, de verificar este tema de naturaleza indescindible y oficiosa a la esencia de su actuación, y la decisión que se produjo cada vez, explícitamente, dio por válida la competencia del pleno”, añadió.

En este punto, el magistrado Carrasco coincide con Zamorano, ya que indicó que, en por lo menos tres ocasiones, el pleno resolvió apelaciones presentadas contra las decisiones del juez de garantías. “Lo actuado así llevó al entendimiento de que el tema de la competencia había sido efectivamente superado por lo actuado”, apuntó.

No hubo vulneración

El magistrado Carrasco disintió de sus colegas de que hubo vulneración del debido proceso a Martinelli, porque la defensa no explicó en el contexto del debido proceso como garantía, “cómo ha sido perjudicado el señor Martinelli, si se le ha privado, por ejemplo, del derecho a aportar pruebas, del derecho de confrontar a sus acusadores [...] el proponente ni siquiera explica el perjuicio que le acarrea la violación alegada de las garantías del juez natural que reclama”, adujo.

En ese punto, Zamorano argumenta que el debido proceso no puede verse como un “mero argumento a favor del imputado, como se ha malentendido [...] muy por el contrario, lo que se quiere es evitar, a través de esta prerrogativa constitucional, que se manipule el tribunal mediante la simple renuncia, seguida de un engaño jurídico para distorsionar la competencia del juez”.

Agregó Zamorano que la competencia, una vez asumida por el juez en la fase intermedia, no se pierde, y destacó el artículo 31 del Código Procesal Penal, que señala que la competencia es improrrogable.

“Este fundamento legal me lleva a concluir que no estamos ante ninguna infracción del debido proceso, como arguye el amparista y resuelve el pleno, en la medida que el juez de garantías, cuando asume el rol de juez en la fase intermedia, luego de presentada formalmente la acusación por parte del fiscal, no puede ser sometido o expuesto a una prórroga de su competencia”, precisó Zamorano.

Advirtió que la decisión del pleno “lleva al implícito riesgo innecesario de permitir a futuro, que las partes (acusados y defensores) [...] utilicen maniobras o artificios jurídicos para poder forzar la prórroga de competencia y terminar ellos seleccionando el tribunal o juez que desean”.

En ese aspecto, Carrasco cuestionó que la mayoría se basó en el artículo 39 del Código Procesal Penal, ya que esa norma “ deja en manos del diputado la decisión de escoger su juez, incluso justo en el momento en que va a dictar sentencia”.

“En efecto, si la condición de diputado se requiere en todo momento, basta que un diputado, después de que la Corte haya realizado el juicio y practicado pruebas por varios días y meses, renuncie justo en el momento que la Corte vaya a dictar sentencia, para que esta pierda la competencia, no pueda dictar sentencia y entonces el proceso se decline hacia un juez inferior”, concluyó Carrasco en su salvamento de voto.

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