Advierten sobre vacíos en reformas a contrataciones

La grandes licitaciones de este Gobierno, incluyendo la línea 2 del Metro, fueron adjudicados antes de presentarse las reformas a la Ley 22. La grandes licitaciones de este Gobierno, incluyendo la línea 2 del Metro, fueron adjudicados antes de presentarse las reformas a la Ley 22.
La grandes licitaciones de este Gobierno, incluyendo la línea 2 del Metro, fueron adjudicados antes de presentarse las reformas a la Ley 22. Archivo

El Movimiento Independiente por Panamá (Movin) y Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, advirtieron sobre los cambios de fondo que se están ignorando en la propuesta de reformas a la Ley de Contrataciones Públicas.

BAJO ANÁLISIS, CAMBIOS EN CONTRATACIONES

Pese a que el anteproyecto de reformas a la Ley 22 de Contrataciones Públicas que presentará el Ministerio de Economía y Finanzas al Gabinete contiene importantes “avances” para mejorar la transparencia en las compras estatales, hay voces que piden cambios estructurales al sistema.

Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, fue crítica y considera que se requieren verdaderas reformas al sistema y no un “cambio cosmético a la Ley 22”.

Carlos Gasnell, presidente de este organismo en el país, manifestó que se necesita transparencia total en el proceso de contratación del Estado, desde la planificación hasta la fijación de los precios oficiales de referencia.

Considera que debe haber estandarización de las fórmulas de evaluación y control de la excesiva discrecionalidad en las compras del Estado, así como multas y sanciones ejemplares para quienes incumplan contratos.

Por su parte, Horacio Icaza, vocero del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), cree que el documento se puede corregir para lograr mayor transparencia y que la relación entre los proveedores y el Estado sea más balanceada.

Recomendó eliminar la compra directa, mejorar los controles en las compras de equipos e insumos de seguridad y modificar la selección de contratista por mejor valor con evaluación separada, “porque esa es una oportunidad para actos de corrupción”.

Movin es una de las agrupaciones de la sociedad civil que criticó las actuaciones de la pasada administración en las compras gubernamentales y alertó sobre la necesidad de blindar el sistema de compras estatales para evitar actos de corrupción.

A juicio de Icaza, con la licitación por mejor valor con evaluación separada se puede dar una manipulación en los criterios de puntuación en la evaluación técnica para descalificar automáticamente a empresas competidoras.

Considera que se debería estructurar un método para precalificar la propuesta técnica.

Las empresas que pasen esa primera ronda, entrarían a un segundo proceso en el que solo se evaluaría la propuesta económica y ganaría la que mejor precio oferte.

El gremio había recomendado que se aplicaran reglas diferentes y la evaluación separada solamente se utilizara para cuantías superiores a los $250 millones y previo a una declaración del Consejo de Gabinete.

En el anteproyecto que se está proponiendo se sugiere que sea a partir de $50 millones, pero no se señala nada sobre la responsabilidad del Gabinete.

“Los temas de seguridad deben ser un procedimiento que determine el Consejo de Gabinete y no debería haber algo excepcional como se plantea”, añadió Icaza.

En este punto debe modificarse el borrador de la ley, ya que no debe haber secretismo en estas compras y las mismas deben hacerse según la necesidad con los debidos controles.

“Bajo el paraguas de seguridad se compraron los equipos de escuchas y después nadie sabe dónde están”, advirtió.

Pese a que en la reforma propuesta se incluyen aspectos de inhabilitación a las empresas que participen en licitaciones por haber participado en actos de corrupción, dijo que ese aspecto se debe modificar para que sea más específico.

Sobre el artículo que se relaciona a las personas que hayan cometido delito, indicó que no solo se debe resumir a actos de terrorismo y lavado de dinero, sino que se tiene que especificar a las empresas o personas que hayan participado en pago de coimas o trampas dentro de las licitaciones.

Allí se debe ser más amplio, tal como ocurre con instituciones bancarias o incluso el Canal de Panamá, que cuenta con listas y sanciones correspondientes para quienes quieran participar en negocios con el Estado.

Otro aspecto es el relacionado a las empresas, porque en las reformas se señala solo a los accionistas mayoritarios, e indica “siempre que el delito esté vinculado a las actividades de la empresa o a sus empresas afiliadas, consorciadas o accionistas”.

Icaza se pregunta: “y qué pasa si el delito estuvo en otra empresa”. Esto requiere mejorarse o corregir la redacción, dijo.

Entre los aspectos favorables en los cambios propuestos, mencionó la inclusión de todas las entidades que utilizan fondos públicos, entre ellas, la Dirección de Asistencia Social, antiguo Programa de Ayuda Nacional.

Aunque aclaró que su posición sigue siendo la de cerrar esa entidad, reconoció que por primera vez se incluya como parte de los procesos de licitación para las compras, hecho que es un avance.

Igualmente, consideró como positivo que se proponga eliminar las licitaciones abreviadas y las compras menores.

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